Cargando...
La Secretaría Nacional de Anticorrupción y Auditoría General del Poder Ejecutivo presentaron la semana pasada el informe final de la auditoría realizada sobre el uso de G. 6.382 millones por parte de la Gobernación de Central. Los auditores se ratificaron en las irregularidades detectadas, que el gobernador Hugo Javier González no supo refutar en su delirante descargo.
El gobernador González repartió el dinero a dos organizaciones “sin fines de lucro”.
La fundación Centro Integral de Apoyo Profesional, presidida por Tadeo Álvarez, se llevó G. 5.105 millones para hacer obras de infraestructura a pesar de que su estatuto no lo permite. La ONG se dedica a la formación profesional de personas en diferentes disciplinas y a desarrollar capacitaciones.
El Consejo Regional de Salud, representado por Hugo Cabrera, también fue beneficiado: se llevó G. 1.276 millones para ayudar a hospitales de Central durante la pandemia.
Las donaciones comenzaron a aparecer varios meses después de la recepción del desembolso, luego de publicaciones periodísticas sobre las irregularidades cometidas en las compras.
El Consejo ni siquiera es reconocido por el Ministerio de Salud Pública.
Lesión de confianza
El ministro de la Senac, René Fernández, es uno de los denunciantes del caso de clonación de facturas que aparecen en la rendición de cuentas de la Gobernación de Central sobre el despilfarro del millón de dólares, junto al viceministro Óscar Orué de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
La denuncia penal fue presentada el 8 de julio, pero el fiscal de la causa, Rodrigo Estigarribia, aún no procesó a nadie.
Fernández, al ser consultado sobre la eventual configuración de lesión de confianza, afirmó una vez más que existen fuertes indicios basándose en las anomalías encontradas en la auditoría.
“Son indudablemente indicios de lesión de confianza que requieren ser fortalecidos con otros elementos de prueba a través de la investigación. También mezclaron los comprobantes en la segunda rendición y los pagos realizados no coinciden con los proyectos”, afirmó.
También dijo que “es un indicio que los documentos no reflejan la realidad”, ya que la ejecución de las obras hechas por el CIAP carecen de numerosas certificaciones y algunos procesos fueron “salteados”.
Groseras anomalías
Analistas de Auditoría General del Poder Ejecutivo verificaron “in situ” cada una de las obras hechas por el CIAP y pagadas con dinero público.
Hallaron una serie de groseras irregularidades que el gobernador González no pudo explicar en su descargo. Las obras cuestionadas por AGPE costaron más de G. 1.756 millones.
Por ejemplo, se menciona que el asfaltado para el acceso al Consejo Regional de Salud y Parque Sanitario (acceso a la sede de la Gobernación) fue hecho en octubre de 2020 y no en enero de 2021 como quiso hacer creer el gobernador.
En ninguna de las obras se visualiza la verificación de avance de la obra y todos los certificados de obras no fueron firmados por un profesional idóneo de la rama de la construcción representante de la contratante, como un arquitecto o ingeniero civil, sino que el firmante fue Tadeo Álvarez, presidente y fundador de CIAP.
En las construcciones de contrafuertes, canales abiertos y colocación de hormigón, el CIAP no notificó a ningún especialista fiscalizador de obras que indefectiblemente debió autorizar dicha colocación, dice el informe.
Asimismo, no existen los planos de cálculos estructurales, planos de encofrados o planos de detalles constructivos, para la ejecución de las obras.
La construcción de un baño en la asociación de profesores de la ciudad de Villa Elisa “no corresponde” porque se trata de un predio privado y no público, dicen los auditores.
Además, el CIAP y el gobernador González sostienen que la obra se llevó a cabo entre enero y febrero de este año, pero los profesores aseguraron que fue hecho en diciembre del año pasado.
Respecto a la reparación y reposición del parque infantil ubicado en el predio de la parroquia Virgen de la Candelaria, el dictamen final de la auditoría dice que “según las actas de inicio y recepción de la obra, los trabajos fueron realizados entre el 4 de enero de 2021 y el 5 de febrero de 2021, por lo que no coincide con la fecha en que la según documentos provistos por la Gobernación se firmó el contrato entre las partes, ya que esta data del 2 de marzo del 2021, por lo que no existen coincidencias, ni concordancia entre dichos documentos”.
Más irregularidades
La Senac y la AGPE ratificaron las irregularidades cometidas en torno a la transferencia de G. 6.382 millones tanto a CIAP como al Consejo Regional de Salud.
Entre las anomalías están la transferencia de fondos a una entidad no habilitada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, la donación irregular de bienes realizada por el Consejo Regional de Salud Departamental al Hospital de Areguá, el otorgamiento de fondos para construcción de obras, mantenimiento y mejora de espacios públicos a una entidad cuyos fines y objetivos son de formación profesional y capacitación y gastos irregulares del fondo destinado al proyecto.
Además, la construcción y mantenimiento de espacios públicos en el departamento Central por G. 1.350.184.406, facturas por G. 976.267.636 en concepto de estudio de impacto ambiental, estudio de suelo y contratación de profesionales fiscalizadores sin documentos o informe respaldatorio; facturas reemplazadas en la rendición de cuentas de la ley 6641/2020 de reactivación económica por G. 1.610.509.089 y deficiencia documental en obras realizadas.