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La titular del Ministerio Público expuso este martes ante la Comisión Bicameral los proyectos que pretende impulsar el próximo año y los mayores recursos que necesita la institución, por sobre el monto previsto en el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022 presentado por el Poder Ejecutivo.
La Fiscalía tiene asignado G. 638.916 millones (US$ 93 millones), lo que representa una reducción del 1,5% con respecto al vigente, por lo que requirió que se eleve a G. 788.121 millones (US$ 114,7 millones), que implica un aumento de G. 149.204 millones (US$ 21,7 millones), que equivale al 23%.
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El plan de gasto que pretende ejecutar el Ministerio Público incluye un incremento salarial del 10% para funcionarios que ganan hasta G. 10 millones mensuales, argumentando que desde el año 2019 no tienen ninguna mejora como se le había prometido desde el Ministerio de Hacienda.
También plantea la creación de 393 cargos, entre otros 40 para agentes fiscales con sus respectivas estructuras (120 asistentes, 80 secretarías y 4 auxiliares), médicos forenses, psiquiatras, psicólogos, choferes, entre otros cargos. Actualmente la institución cuenta con 5.207 puestos.
El aumento salarial y las creaciones de cargos costarán a los contribuyentes que pagan los impuestos G. 109.509 millones (US$ 15,9 millones) más.
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Los mayores gastos requeridos serán destinados igualmente a la compra de equipos de oficina, compra de 50 vehículos y, de aceptarse la versión presupuestaria asignada por Hacienda tendrán problemas de funcionamiento el próximo año, según dijo Expidio Palacios (exsubsecretario de Hacienda).
“Es fácil criticar”
Al inicio de su exposición, antes de abordar el detalle de los gastos cuya explicación quedó luego a cargo del director de administración financiera, Expidio Palacios (exviceministro de Hacienda), la fiscala general dijo ante las críticas que surgen a su labor y a la de la institución, que es fácil opinar desde afuera, pero no es fácil estar adentro e investigar hechos complejos, porque lo que se hace apurado por presiones está condenado a un resultado infructuoso.
“Es fácil criticar y decir aún no se imputó, aún no se acusó, aún no se fueron a preliminar”, añadió y justificó señalando que detrás de todos los casos hay un equipo de trabajo, principalmente cuando son hechos punibles complejos donde tienen que trabajar peritos, forenses, entre otros.
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Luego del apoyo realizado por el diputado Freddy D’Eclclesiis (ANR-añete), que antes ya había manifestado lo mismo a la Corte Suprema de Justicia, la diputada Celeste Amarilla (PLRA) le preguntó porque no se decomisa los bienes del exsenador Óscar González Daher, como sí lo hicieron en otros casos; porqué hasta ahora no pasa nada con el caso de Rodrígo Quitana (asesinado durante el gobierno de Horacio Cartes), y con respecto al caso del gobernador de Central, Hugo Javier González, involucrado en casos de corrupción con dinero proveniente de la ley de emergencia.
La diputada le indicó a Quiñónez que existe olor a protección y que es difícil sostener la imagen de esta manera, porque la gente sabe lo que pasa.
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La fiscala indicó que en el caso del gobernador de Central existe una investigación y los fiscales están trabajando con mucha responsabilidad, con mucha objetividad. Dijo que lastimosamente es un caso en proceso de investigación, por lo que no podía dar datos al respecto.