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La ministra del Trabajo, Carla Bacigalupo, expuso este lunes los programas que pretende impulsar dentro del proyecto de presupuesto 2022, en la audiencia ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso.
El presupuesto inicial establecido para este año es de G. 297.226 millones (US$ 43,2 millones) y para el próximo año se prevé G. 306.813 millones (US$ 44,5 millones), lo que implica un aumento del 3,2%.
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Explicó que en un 81% el presupuesto se sostenido por el empleador formal, quien al dar su aporte patronal al Instituto de Previsión Social (IPS) el 1% se destina al ministerio y solo el 9% proviene de los recursos del Tesoro.
Bacigalupo dijo que se aguarda continuar con el subsidio a los trabajadores formales hasta fin de año, dado que aún están suspendidos en sus funciones un total de 5.065 trabajadores, de los más de 100.000 que se tenía el año pasado durante el cierre de las actividades económicas por la pandemia del covid-19.
Dijo que el programa de subsidio benefició a 210.931 trabajadores por la suspensión de contratos laborales, aislamiento preventivo, por grupo de riesgo y por covid-19, lo que representó 738.241 pagos por un monto de G. 589.729 millones (US$ 85,7 millones al cambio vigente).
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Sostuvo que el subsidio tuvo un impacto muy importante en la sostenibilidad del empleo, pero es importante mantener porque siguen con problemas algunos sectores como los de turismo, pequeños comercios, el sector educativo superior que todavía tiene gran parte de su plantel no operativo porque las clases se van implementando paulatinamente.
Cantidad de fiscalizadores
La ministra también destacó que solo cuenta con 21 fiscalizadores para todo el país, cuando que la cantidad sugerida por la Organización Internacional de Trabajo es de 84 fiscalizadores (1 por cada 15.000 trabajadores y según el INE se tiene 1.263 trabajadores).
Informó que entre el año pasado y el presente ejercicio, se realizaron 266 inspecciones y fiscalizaciones a las empresas para el control del cumplimiento de la normativa laboral.