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La Contraloría presentó entre 2019 y 2020 en total 62 denuncias contra municipalidades y gobernaciones de todo el país y algunos casos se destacan por el total del presunto daño patrimonial al Estado, otros por la cantidad de denuncias que acumulan y hay los que se destacan por estar ligados a delitos especialmente graves que afectan directamente a las autoridades electas.
El caso del exintendente de Jesús de Tavarangué (Itapúa), Hernán Schlender (ANR), es uno de los más graves, ya que no solo se trataría de un presunto desvío de fondos de la comuna por G. 7.418.589.000, sino también el Ministerio Público tuvo que allanar la sede comunal en 2019, ya que existen indicios de que el dirigente colorado usaba la municipalidad para lavar dinero ligado al narcotráfico.
Los datos del Ministerio Público indican que Schlender recibía dinero de Wilfrido Bareiro Vargas, alias Peloncho, acusado de narcotráfico y que utilizaba las cuentas del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) para mover el dinero, adjudicando obras a una empresa ligada él mismo, denominada Yabebyry S.A.
Si bien las graves denuncias contra Schlender impidieron que pueda apuntar a otro periodos como intendente, no es el caso, por ejemplo del exintendente de Salto del Guairá Carlos César Haitter, que pese a estar acusado de desvíos por valor de G. 30.371.916.451 y a la espera de juicio, vuelve a ser candidato.
Expulsión
El mismo había sido expulsado del Partido Democrático Progresista (PDP), partido por el cual había sido electo, sin embargo, ahora se presenta mediante su propio movimiento denominado “La Fuerza de la Esperanza”.
Otro que tuvo problemas graves con la justicia y una cuestionada administración municipal fue Ariel Araujo, exintendente del municipio mejor conocido como Puente Kyjhá. Araujo incluso llegó a ser detenido tras emitirse un orden de captura en su contra, ya que acumula una serie de denuncias por delitos ligados tanto a su administración como intendente, así como denuncias por presunta estafa.
Asunción
La Capital del país es una de las que más recursos maneja y también es una de las que acumula más denuncias de parte de Contraloría, siete en total y por lejos es la que se calcula generó mayor daño patrimonial, un estimado de G. 344.008.950.167.
En este caso, los casos van desde 2015 a 2020, pero abarca tanto la administración de los exintedentes Mario Ferreiro (Alianza) como de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR), ambos imputados en diferentes casos.
Hay que destacar que en dicho monto de presunto daño patrimonial, no está incluido el caso de adjudicación de un nuevo contrato a la empresa de gestión de residuos EMPO Ltda; donde las autoridades municipales adjudicaron que se cumpla el punto dos del contrato, que es tener una propiedad depositar los desechos, atendiendo al cierre de Cateura.
Si bien Contraloría aún no ha tomado intervención mediante un amparo judicial se emplazó a la comuna capitalina, actualmente a cargo de César Ojeda (ANR) a que entregue toda la documentación respecto al gasto de unos G. 21.000 millones.