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La Secretaría Nacional de Anticorrupción (Senac) y Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) presentaron la semana pasada el informe final de la auditoría hecha referente al uso de los G. 6.382 millones y se ratificaron en la catarata de irregularidades que ya aparecieron en el informe preliminar, base de la denuncia penal que la Senac y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) presentaron el 8 de julio ante el Ministerio púbico. Pero el fiscal de la causa, Rodrigo Estigarribia, hasta ahora no procesó a nadie.
El gobernador cartista y exanimador de fiestas, Hugo Javier González, entregó G. 5.105 millones a la ONG CIAP, presidida por Tadeo Álvarez, para la realización de obras de infraestructura y pavimentación. Pero la fundación no está habilitada para llevar a cabo obras de infraestructura y viales, según su estatuto.
El Consejo Regional de Salud, representado por el doctor Hugo Cabrera, también se benefició con G. 1.276 millones, sin embargo, la organización ni siquiera está reconocida por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), dicen los auditores.
Entre las observaciones, Tadeo Álvarez, árbitro de profesión, fungía de ingeniero y firmó todos los certificados de obras que debieron ser firmados por un ingeniero civil o arquitecto.
Groseras anomalías en obras
La verificación física de las obras hechas por CIAP no obtuvo un resultado alentador. En reiteradas ocasiones el gobernador Hugo Javier manifestó que el “dinero del pueblo fue bien utilizado” y que “las obras están”.
Por ejemplo, el proyecto llamado “asfaltado para el acceso al Consejo Regional de Salud y Parque Sanitario” (acceso a la sede de la Gobernación) costó G. 390.860.000 y fue hecho por Óscar Morel Oses. Según las actas de inicio y recepción de la obra, estas fueron realizadas entre el 28 de diciembre de 2020 y el 19 de febrero de 2021.
Sin embargo, la revisión especial determinó que “la obra presentaba un aspecto que la misma fue ejecutada en un periodo con anterioridad a lo mencionado en las actas”. Se agrega que dicha observación fue confirmada a través de la aplicación “Google Earth Pro” y según se pudo visualizar el asfalto “ya estaba ejecutado para el mes de octubre del año 2020”. Tampoco se visualiza la verificación de avance de la obra y lo llamativo del caso es que “el certificado de obras no fue firmado por un profesional idóneo de la rama de la construcción representante de la contratante”, sino que el firmante fue Tadeo Álvarez, presidente y fundador de CIAP.
La segunda obra verificada se denomina “construcción de contrafuertes y rellenos en zonas afectadas por el erosión del cauce del arroyo en San Antonio”, que costó G. 55.000.000 y fue hecho por José Félix Grau Fernández. En este caso no existen datos sobre los pagos por etapas mientras duró la obra. Tampoco se visualiza verificación del avance de la obra y el certificado del pago total por la obra no tiene fecha. Según los especialistas, la colocación del hormigón no fue notificado a un fiscalizador que indefectiblemente debió autorizar dicha colocación. Asimismo, no se proveyeron los planos de cálculos estructurales, planos de encofrados o planos de detalles constructivos. El certificado de obras también fue firmado por Tadeo Álvarez.
Obra en predio privado
La otra obra se denomina “construcción y mantenimiento de espacios públicos, baños sexados” para la asociación de profesores de Villa Elisa y costó G. 42.500.000. El constructor fue José Félix Grau Fernández. No existe ningún cartel de obras que indique que la misma fue ejecutada por el contratista señalado. Nuevamente el certificado fue firmado por Álvarez.
“Según lo manifestado por una profesora que conforma la asociación de profesores, la obra se ejecutó en el mes de diciembre (del 2020) y no en la fecha que datan en los documentos provistos por la Gobernación”, dice el informe.
Pues de acuerdo al cronograma de ejecución y avance financiero, “se estableció que los trabajos debían ejecutarse entre la primera semana de enero y culminar en la última semana del mes de enero del año 2021”. Referente a la inversión hecha en la obra, el informe dice que “no corresponde utilizar dichos fondos en ese proyecto” teniendo en cuenta que la construcción se realizó en un predio privado.
“Construcción de muro de contención de hormigón en San Antonio”, que costó G. 76.560.000, al respecto, los auditores sentencian que la “obra no tiene acta de inicio, no se discrimina el monto a ser pagado en cada etapa de la obra, no se visualiza la verificación de avance, no se proveyeron de planos de cálculos estructurales, planos de encofrados o planos de detalles constructivos”, además se observa que la colocación del hormigón no fue autorizado por un fiscalizador, también “al no contar con los planos para la construcción de los muros de hormigón aprobados, no se pudo verificar si la misma se ajusta a lo establecido en lo que respecta al ancho mínimo del muro, profundidad de fundación y altura”. Tadeo Álvarez firmó otra vez el certificado de obras.
Los proyectos denominados “construcción de canal de desagüe a cielo abierto, aislamiento de terraza y reparación de cielo raso con humedad y desprendimiento de revoque en CDM Juan Pablo II”, que costó G. 201.437.670 y fue realizada por la firma Arquitrabe, además de la obra “construcción de ciclovía en el acceso de la ciudad de Guarambaré”, cuya inversión fue de 797.972.726, hecha por José Félix Grau Fernández, tienen las mismas observaciones que la obra anterior.
Muralla de oro
La obra “construcción de muralla perimetral en el local de los bomberos voluntarios de Ypacaraí”, costó G. 97.912.000 y fue hecho por JL Servicios SA, Trinity soluciones Constructivas. Se visualizó que “la pintura al látex de muralla, por el valor de G. 13.908.400” “está pendiente”, es decir, no se ejecutó.
No existe cartel de obras, tampoco “se discrimina el monto a ser pagado, ni los rubros a ser ejecutados en cada etapa de la obra, por lo que no permite visualizar una proyección razonable de los tiempos de ejecución y pagos en consecuencia al proyecto”. Otra observación contempla que no existen planos de detalles constructivos y el certificado fue firmado por Tadeo Álvarez.
Respecto a la “reparación y reposición del parque infantil” ubicado en el predio de la parroquia Virgen de la Candelaria, que costó G. 24.180.000 y hecho por JL Servicios SA, e informe dice que “según las actas de inicio y recepción de la obra, los trabajos fueron realizados entre el 4 de enero de 2021 y el 5 de febrero de 2021, por lo que no coincide con la fecha en que la según documento provistos por la Gobernación se firmó el contrato entre las partes, ya que esta data del 2 de marzo del 2021, por lo que no existen coincidencias no concordancia entre dichos documentos”.
Además Tadeo Álvarez firmó nuevamente el certificado que debió ser firmado por un ingeniero civil o un arquitecto.
Empedrado en tiempo récord
“Construcción y mantenimiento de espacios públicos, construcción de empedrado en San Antonio”, costó G. 70.000.000, y fue hecho por José Félix Grau Fernández. Al respecto los auditores dicen que, según el acta de obra la misma se ejecutó en 26 días. “Se observó que según la descripción de los rubros ejecutados estas obras necesariamente debieron durar más tiempo de ejecución que lo mencionado en las actas respectivas”. También Tadeo Álvarez firmó el certificado de obra, no existen planos de detalles constructivos, entre otros.
Hugo Javier es responsable
Los auditores también expresan que en el marco de la ley 1535/1999 De Administración Financiera del Estado, “se desprende con claridad que la Gobernación del Departamento Central como órgano del Estado y buen administrador debió prever el íntegro y efectivo control administrativo de los fondos destinados a la Fundación CIAP y al Consejo Regional de Salud Departamental”.
El informe final también contempla que “al destinar fondos a entidades no aptas para el manejo de los mismos, la Gobernación del Departamento Central no propició la eficiencia y eficacia de la administración financiera”.
También agregan que la institución departamental está obligado por la normativa De Administración Financiera del Estado a “contar con documentación confiable que respalde y acredite la correcta ejecución de los fondos, cuya situación no se ha corroborado, causando una deficiencia documental”.