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En teoría, la Dirección General de Justicia Policial debe dictar un fallo esta semana con relación a la investigación de la Dirección de Asuntos Internos, cuyo fiscal de sumarios confirmó en agosto de este año que hubo una tragada de dinero del rubro de combustibles en el ejercicio 2020, tal como ya la lo había advertido una investigación preliminar de la misma instancia policial, que a su vez terminó en abril pasado.
El desvío de fondos se hacía a través de la simulación de cargas de combustible con tarjetas magnéticas de las que extraían el saldo en guaraníes.
Asuntos Internos pidió sanciones para dos oficiales y ocho suboficiales, aunque, como la rosca sería mucho más grande, también recomendó elevar la causa a la justicia ordinaria para que el Ministerio Público sí llegue al fondo de la cuestión.
De hecho, la fiscala María Luján Estigarribia ya abrió un expediente sobre el presunto caso de corrupción, bajo la figura de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, enmarcada en la causa 6.084/2021, según una comunicación de esta al Juzgado Penal de Garantías.
La representante del Ministerio Público accedió a los documentos del caso luego de emplazar por tres días al comandante Luis Arias, ya que inicialmente la Policía Nacional no colaboraba con la justicia ordinaria.
Así como la Fiscalía investiga el caso, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) también lleva una pesquisa paralela sobre la tragada de dinero en la Policía Nacional.
En idéntica circunstancia, el ministro de la Senac, René Fernández, consiguió el expediente recién después de denunciar ante la prensa al comandante Luis Arias.
La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores también pidieron informes a la Policía Nacional para analizar la presunta irregularidad.
Supuestamente, la Justicia Policial retrasó su fallo justamente porque tenía que contestar todos los pedidos de estas instituciones públicas.
