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En el programa Expediente Abierto, emitido por ABC TV, se reveló que el titular de Aduanas Julio Fernández le pidió al fiscal Julio Paredes, que incluya en la investigación al árabe Ahmad Khalil Chams por el delito de contrabando.
Fernández explicó en su presentación que la aduana ya remitió a la Fiscalía la conclusión del sumario por contrabando, que es del 24 de junio del año 2020. En este punto, es importante destacar la llamativa demora del director de Aduanas para remitir los documentos a la Fiscalía, pese al reiterado pedido del fiscal Julio Paredes.
“Si bien en la resolución se ha responsabilizado a la firma GECU SA y a sus representantes por la comisión de la infracción aduanera, conforme a eventos sucedidos en las últimas semanas, y según declaraciones vertidas en medios de prensa online, se ha tomado conocimiento de que la persona que sería la propietaria de la mercadería incautada (según sus propios dichos) es el señor Ahmad Khalil Chams, quien además señala ser apoderado de la firma Electroshop System. Se puntualiza que a pesar de su afirmación de ser apoderado de la firma, en el registro de la Dirección Nacional de Aduanas, que es actualizado de manera obligatoria, quien figura como apoderado es el señor José Fabián Silva Caballero”, apuntó Fernández.
Agregó que en el sumario administrativo Chams no se presentó a ejercer sus derechos procesales.
Dueño
“Tenemos que el mismo Chams se declara propietario de la mercadería que habría ingresado al país de manera irregular, haciendo actuado desde la clandestinidad absoluta en la operación aduanera, y aparentemente también desde la empresa Electroshop System, por lo que su conducta debería ser objeto de análisis en el presente caso, atendiendo a la posibilidad de que esta sea subsumible en hechos punibles en función a los eventos acontecidos en el presente caso”, enfatizó el titular de Aduanas. La investigación del hecho punible está a cargo del fiscal Paredes.
Antecedentes
Los antecedentes revelan que en noviembre de 2019 fueron incautadas mercaderías de contrabando en Encarnación. Se habla de que las mismas costarían alrededor de US$ 3 millones.
Este caso motivó la denuncia de Fernández contra el senador colorado Martín Arévalo por supuesto tráfico de influencias. Dijo que el legislador les llamó a él y a otros funcionarios para abogar por la liberación de los productos decomisados.
Luego Arévalo presentó una denuncia contra Fernández, por supuesta lesión de confianza. Dijo que aquel vendió por G. 600 millones las mercaderías, que costarían alrededor de G. 41.000 millones en nuestro país.
Fernández señaló que las mercancías fueron robadas de un puerto privado, en agosto del año pasado, y que el hecho fue denunciado ante la Fiscalía. En el caso, la titular del Ministerio Público Sandra Quiñónez ordenó una auditoría a la gestión de la fiscala Noelia Naumann, quien tenía a su cargo hacer las averiguaciones.
Fenández acompañó la denuncia con filmaciones del hurto agravado. Sindicó como sospechosos a dos guardias de seguridad de una empresa privada y a un oficial de policía, quien llamativamente abandonó su guardia cuando se produjo el hecho y volvió después.
En ninguna de las investigaciones abiertas por el Ministerio Público, pese a la gravedad de los hechos, hay un solo imputado.