Cargando...
La propuesta de regulación de tragamonedas fue planteada en 2019, en Senado, y fue “desempolvada” meses atrás, en medio de los cuestionamientos hacia la “legalización” de estas máquinas por parte de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), presidida por José Antonio Ortiz Báez. Fue aprobada a fines de julio y recientemente obtuvo dictamen favorable de la comisión de Narcotráfico, Ilícitos Conexos y Graves de la Cámara de Diputados.
Lea más: Diputados a favor del proyecto de tragamonedas que fulminará contrato entre iCrop y Conajzar
Ahora faltan las posturas de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación, Industria, Ciencia, Equidad Social y Juventud, además de Asuntos Económicos de la Cámara Baja. De no tratarse en octubre, tendrá sanción ficta la versión de Senado (ver cuadro).
La propuesta original del Senado fue modificada y aprobada por los legisladores, con el objetivo de anular la Resolución N° 34/2020 de Conajzar, con la cual el organismo regulador de juegos de azar autorizó a la empresa iCrop SA, cuyo representante es Ariel Peña Flores, a censar, catastrar y explotar un total de 50.000 tragamonedas en todo el país.
Teniendo en cuenta que por las gestiones cobra entre G. 300.000 y G. 450.000 por máquina y de ese monto el valor de un jornal mínimo diario (G. 88.051) es lo que llega al Estado, la expectativa de recaudación superan los US$ 2,1 millones y de ese monto, sólo el 30% (US$ 652.229) irá al fisco, mientras que el 70% (US$ 1,5 millones) se quedará para la firma.
Desde el Senado surgió la sospecha que se trata de la creación una estructura para la obtención ilícita de recursos y para el lavado de dinero, por lo que se interpeló al titular de Conajzar y se salvó del voto censura sólo por cinco votos.
Lea más: Senadores salvan del voto censura a José Ortiz, de Conajzar
