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Cada mes se denuncian decenas de casos de invasión de inmueble en diversos puntos del décimo departamento y los conflictos son cada vez más acentuados. Solo en lo que va del mes se han reportado al menos ocho denuncias por invasión. En algunos de los casos, los dueños, ante la impotencia de no recibir respuestas de los organismos de seguridad, terminan recurriendo a la seguridad privada para defender y resguardar sus propiedades.
El 3 de setiembre se denunció la invasión de una propiedad en el barrio San Ramón de Hernandarias, allí los ocupantes ya fueron notificados por las autoridades.
El 7 de este mes se produjo un incidente a raíz del conflicto por invasión. Ocurrió en la fracción Sueño Dorado de Ciudad del Este, donde un grupo de personas intentó instalarse en un inmueble privado, pero fueron repelidos por guardias de seguridad.
Dos días después se registró otro episodio violento en un inmueble de cinco hectáreas ubicado en Ciudad del Este, donde unos 80 campesinos presuntamente intentaron impedir la labor de obreros que colocaban un alambrado perimetral.
Igualmente, se reportó una invasión de inmueble en el distrito de Minga Guazú, sobre la calle 10 Monday a unos 1.000 metros de la ruta Py02. El 11 del mismo mes, en Hernandarias, barrio San Isidro I, fue ocupado de manera irregular otro inmueble; el 13 ingresaron a una propiedad en el mismo distrito, pero en la colonia Laura, ubicada a unos diez kilómetros de la ruta Py07, entre otros casos.
Para la senadora Georgia Arrúa, el panorama es claro, la situación está cada vez peor porque hay grupos políticos de diferentes partidos que alientan las ocupaciones de propiedades privadas. “Acá se creó una industria de la invasión. Los dirigentes andan en vehículos de alta gama. Esto está alentado por políticos de todos lados que utilizan a esas personas como clientela política”, expresó.
Incluso, dijo que cuando hay pedido de expropiación, los políticos que aprueban eso, reciben lotes, como parte de pago. Explicó que a raíz del desborde de casos es que pretenden modificar la ley para aumentar la pena a los invasores.
Buscan aumentar la pena
En la Cámara de Senadores existe un proyecto de ley que propone incrementar la pena para el hecho punible de la “invasión de inmueble ajeno”, elevando la condena privativa de libertad de dos hasta seis años, y en caso de que se produzca daño patrimonial, que la pena llegue hasta 10 años de cárcel. La norma debió ser estudiada la semana pasada pero fue pospuesta. Las senadora Georgia Arrúa solicitó que sea estudiada el próximo jueves, por moción de preferencia, pues se había pospuesto por 21 días. La parlamentaria dijo que si no se hace algo, hay riesgo de que la gente tome justicia por manos propias.