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Están en juego G. 7.000 millones, que irán directo a los bolsillos de los funcionarios municipales a través de una ampliación presupuestaria para salarios y bonificaciones.
La presión se sentía ayer de mañana, tanto en la sala de sesiones como fuera de ella, donde en pleno horario laboral personal de la Municipalidad de Asunción se aglomeró para exigir la ampliación presupuestaria.
Se acercaban las 9:30 -horario tope de inicio de la sesión- pero aún no se tenía el quorum correspondiente. Algunos concejales colorados llegaban, pero luego recibían una llamada telefónica y se retiraban. La orden estaba dada: dejar sin quorum la reunión para evitar el tratamiento del tema.
Los concejales opositores eran nueve y pretendían frenar el aumento salarial anunciado por el intendente asunceno César Ojeda (ANR) a través de una nota remitida a la Junta Municipal, la que era el único punto en el orden del día de la sesión extraordinaria. El jefe comunal alega una sanción ficta de la ampliación presupuestaria por “falta” de respuesta del Legislativo.
Funcionarios violentos
En medio de la tensión, porque los concejales opositores aguardaban, pero los colorados iban y venían, los funcionarios decidieron gritar y agredir a concejales. El edil Álvaro Grau (PPQ) respondió con un gesto obsceno, lo que derivó en la furia de la masa, que vociferó y empezó a golpear las vidrieras.
En medio del caos y ante la ausencia de los oficialistas, el presidente de la Junta Municipal, Humberto Blasco (PLRA), levantó la sesión. El titular desafió al intendente Ojeda, a que si tan seguro está de que es correcto otorgar un aumento, deje que la Junta estudie el asunto.
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Blasco adelantó que la nota y los pedidos de Ojeda serán ingresados nuevamente a la sesión ordinaria del próximo miércoles. Se trata en total de tres pedidos de ampliación presupuestaria y una reprogramación.
Blasco se retiró de la sala de sesiones perseguido por los funcionarios, uno de los cuales rompió el vidrio de la puerta de salida.
Denuncia penal
El concejal Álvaro Grau (PPQ) adelantó que si el intendente llega a promulgar la ampliación presupuestaria sin previa autorización de la Junta Municipal, presentará una denuncia penal en contra suya por lesión de confianza y malversación de fondos.
La sanción ficta
El 30 de julio remitió a la Junta Municipal un mensaje con tres pedidos de ampliación presupuestaria, uno de ellos para aumentar salarios y bonificaciones. Pero días después, la Junta Municipal devolvió el mensaje alegando falta de información respecto a los aumentos, entre otros puntos.
El 31 de agosto, la Intendencia volvió a remitir otro mensaje con sus requerimientos a la Junta Municipal. Para el intendente César Ojeda, este miércoles se cumplieron 45 días desde que se remitiera el primer mensaje, por eso alega que hay una sanción ficta. Para los concejales opositores, el plazo legal de 30 días para estudiar los pedidos inició recién el 1 de setiembre.