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La jueza Yolanda Portillo se inhibió de juzgar la causa que afronta el diputado colorado Miguel Cuevas, acusado de enriquecimiento ilícito y declaración falsa, debido a que intervino como fiscal en el presente caso. En su reemplazo fue designada la magistrada Claudia Criscioni, quien junto a sus colegas Yolanda Morel y Elsa García integran el tribunal que tendrá a su cargo el juicio oral y público.
Una vez que quede firme la integración del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, se fijará fecha para iniciar el juzgamiento de la causa que afronta el parlamentario de la Cámara Baja por Colorado Añetete.
Luego de seis suspensiones, finalmente el pasado 5 de julio se pudo sustanciar la audiencia preliminar y el juez de Garantías Yoan Paul López resolvió elevar la causa a juicio oral y público. Sin embargo, el magistrado hizo lugar al incidente planteado por la defensa de Cuevas y excluyó dos pruebas consideradas claves por el Ministerio Público, un informe técnico y la pericia contable del Lic. Pedro Javier González.
“El perito que realizó la pericia contable estaba recusado y fue confirmado por la Fiscalía General recién seis días después de haberse presentado el requerimiento conclusivo del caso. En consecuencia, el profesional no estaba habilitado para hacer la pericia contable”, argumentó el juez López.
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Según la acusación que presentó el agente fiscal Luis Piñánez, entre el 2009 y 2019 el diputado colorado se enriqueció ilícitamente por la suma de G. 5.594.429.490. En consecuencia, además de solicitar que el caso se eleve a juicio oral, el agente pidió al Juzgado el comiso especial de los bienes del legislador por el monto del presunto enriquecimiento.
En el caso de la esposa del legislador, Nancy Florentín de Cuevas, el Juzgado resolvió la suspensión condicional del procedimiento; mientras que su hijo, Enzo Cuevas Florentín, fue beneficiado con el sobreseimiento provisional.
Acción pendiente en la Corte
El Auto de Apertura a juicio fue apelado por la defensa del legislador colorado y el 17 de agosto pasado el Tribunal de Apelación Cuarta Sala, integrado por los camaristas Emiliano Rolón Fernández, Óscar Rodríguez Kennedy y Arnulfo Arias declararon inadmisible el recurso interpuesto.
A inicios de este mes los abogados Guillermo Duarte Cacavelos y Santiago Lovera, en representación del acusado diputado colorado de Añetete Miguel Jorge Cuevas Ruiz Díaz, promovieron una acción de inconstitucionalidad contra dos resoluciones, el Auto Interlocutorio Nº 294 del 17 de agosto de 2021, dictado por el Tribunal de Apelación, Cuarta Sala, y contra el AI Nº 76 del 5 de julio de 2021, dictado por el juez Yoan Paul López, quien elevó la causa a juicio oral y público.
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“Las resoluciones impugnadas lesionan gravemente los artículos 11, 16, 17 (numeral 9), 18, 137 y 256, segunda parte, de la Constitución Nacional, art. 8, incisos g y h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), así también los artículos 5, 9, 10 y 125 del Código Procesal Penal, cuyas infracciones causan la nulidad de las resoluciones y actuaciones practicadas”, alegan en su escrito los abogados defensores.