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El proyecto en cuestión que buscar regular las transacciones electrónicas y que es motivo de disputa entre la Asociación de Bancos y las empresas telefónicas, tuvo origen en la Cámara de Diputados que estableció expresamente que el nivel de seguridad para las operaciones que impliquen pagos, giros o transferencias de dinero.
Esta postura es respaldada por los representantes de entidades bancarias, alegando cuestiones de seguridad y para evitar las conocidas estafas a usuarios, a través de teléfonos celulares, que se suelen hacer desde las cárceles.
En tanto, el texto aprobado en el Senado y que es respaldado por las telefónicas y el BCP, dispone que el nivel de seguridad para las operaciones estén “acordes al riesgo asociado y la reglamentación emitida por la autoridad competente, que es el BCP.
La Cámara de Diputados se ratificó en su postura en cuanto al nivel de seguridad y ahora el Senado necesita de una mayoría absoluta (23 votos de 45 miembros) para sancionar la ley y remitirla al Ejecutivo. En caso de no conseguir el número de votos requerido, quedará firme la postura de la Cámara Baja.
Durante el debate, cuando el proyecto se trató en el Senado, algunos legisladores plantearon que establecer en la ley un nivel de seguridad alto dificultará a miles de personas que realizan diariamente operaciones con su teléfono celular seguir utilizando este sistema que tiene la ventaja de su practicidad.
En contrapartida, quienes están a favor de establecer un alto grado de seguridad sostienen que no habrá dificultad para los usuarios y que más bien se trata de una cuestión tecnológica en la que las empresas de telefonía deben invertir para evitar las estafas.
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