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Lo que se pretende con esta decisión es determinar posibles faltas administrativas e individualización de los responsables del robo de los cheques. Con esta acción de la CSJ se confirma que hubo irregularidad y se busca esclarecer cómo fue el robo. Desde el Consejo de Superintendencia del máximo tribunal califican el suceso de “gravísimo”.
Tras la divulgación del caso de robos se procedió a una auditoría y como resultado de esta diligencia ahora se ordena la remisión a la Oficina Disciplinaria, Unidad de Análisis de la Superintendencia General de Justicia, a los efectos de indagar de forma interna lo ocurrido e individualizar a los responsables.
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El Ministerio Público también podría proceder
En la resolución de este Consejo se indica que, a la par de la investigación preliminar interna del Poder Judicial, también las documentaciones de los antecedentes irán a la fiscalía para que eventualmente pueda iniciar un proceso. Esta maniobra del Consejo de Superintendencia sería para que eventualmente la exactuaria, Luz Portillo, del Juzgado de Garantías a cargo de Humberto Otazú, que ya no es funcionaria del Poder Judicial, pueda también ser incluida en las averiguaciones.
Actualmente, Portillo es defensora pública, cargo que asumió a inicios del mes de julio pasado tras ser designada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.
Juez Otazú denunció el robo de los cheques
El 12 de agosto último saltaba el llamativo hecho del extravío de estas pruebas. Al día siguiente, el juez penal de Garantías Humberto Otazú informó el caso a sus superiores. El magistrado especializado en Delitos Económicos detalló que el 5 de agosto pasado la actuaria interina de su juzgado Lorena Cabello remitió al Juzgado de Sentencias las pruebas instrumentales de la causa sobre usura y lavado de dinero, hechos por los que RGD y su hijo deben afrontar juicio oral y público.
En el Juzgado de la presidenta del tribunal de sentencia, Elsa García, se constató que dos sobres con unos 380 cheques no fueron recibidos por la actuaria de la magistrada. El 12 de agosto, la actuaria Lorena Cabello informó del faltante de los dos sobres al juez Otazú, quien en ese momento aún no podía hablar de extravío o sustracción.
Otazú dijo que había unos 9.000 cheques, más escrituras públicas, entre otras pruebas, que fueron remitidos al Tribunal de Sentencia. “En caso de tener la certeza de que los citados cheques desaparecieron de la secretaría de mi juzgado, debo ordenar un sumario administrativo para averiguar lo que sucedió e informar a mis superiores”, manifestó el juez hace algunas semanas.
Padre e hijo están acusados de usura y lavado de dinero, pues no pueden justificar la suma de G. 6.539.895.697.879 en el plazo comprendido entre los años 2008 y 2018.
El fiscal Omar Legal solicitó el comiso especial de bienes por la suma de G. 58.493.632.102. Este monto constituye, según el agente de UDEA, el total de los intereses cobrados en exceso por el exdirigente de la APF entre los años 2013 y 2018.
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