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Varias evidencias ofrecidas por la fiscal Lorena Ledesma, de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, como vehículos, relojes valuados entre G. 3 millones y G. 5 millones, cuadernos de anotaciones, la suma de 12.000 dólares incautados del poder de “Piska” y drogas, fueron exhibidos hoy ante el Tribunal de Sentencia que preside la jueza María Fernanda García de Zúñiga e integran los magistrados Juan Carlos Zárate y Cándida Fleitas.
El juicio oral y público al ex jefe de la Comisaría 4ª de Asunción, comisario principal Hugo Adalberto Ayala Quiñónez; su subalterno, el oficial Carlos Alfredo Mendoza; y el abogado Jorge Darío Cristaldo; acusados de asociación criminal, frustración de la persecución y ejecución penal, y realización del hecho por funcionarios; continuará el lunes 20 de setiembre, a las 13:00, con la extracción de datos de los celulares incautados a los acusados en la causa.
En sus alegatos iniciales la fiscal Lorena Ledesma ratificó que ambos agentes de la Policía Nacional y el profesional del derecho prestaron sus servicios al segundo jefe del PCC Eduardo Aparecido Almeida, alias “Piska”, para que evada los controles y circule libremente en territorio paraguayo.
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La agente del Ministerio Público afirmó que el ex jefe de la Comisaría 4ª de Asunción utilizó su cargo para brindar custodia a Eduardo Aparecido Almeida dentro del territorio paraguayo. Esta función fue designada a su subalterno, el oficial Carlos Alfredo Mendoza, y Ayala Quiñónez omitió informar a la Comandancia de la Policía Nacional sobre las reiteradas ausencias del agente a su cargo, ya que el oficial se encontraba realizando la custodia del criminal brasileño.
Por su parte el abogado Jorge Darío Cristaldo, acusado de asociación criminal y frustración de la persecución y ejecución penal, fue el que realizó los trámites de “Piska” ante la Dirección Nacional de Migraciones, a fin de que el jefe del PCC adquiera su arraigo, para ello utilizó documentos de contenido falso bajo el nombre de Fernando Ferreira Da Silva.
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La acusación del Ministerio Público detalla que el letrado también facilitó compras de electrodomésticos, alquileres de viviendas y de vehículos de alta gama, utilizando su nombre personal o la de su firma de nombre Agroganadera Forestal S.A.