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Arévalo hizo lo posible por esquivar una respuesta cuando se le consultó si solicitó los nombramientos y traslados en Aduanas e insistió en que su denuncia era más grave, comparando con la acusación en su contra.
Como prueba de sus acusaciones, Arévalo exhibió capturas de mensajes de su celular en los que presuntamente Fernández, en plena época de pandemia en 2020, le solicitó que los funcionarios de Aduanas sean exceptuados de recortes en pagos extras y bonificaciones,
“El Sr. Julio Fernández quiere instalar que yo hice tráfico de influencias porque hace seis meses le pedí que atienda a dos funcionarios antiguos de Aduana (...) Es una intimidación, me quiere asustar, me quiere hacer correr con la vaina y no lo va a hacer. Yo hice una denuncia el 25 de agosto pasado de un robo escandaloso que se hizo en Aduana; a mí no me importa el ciudadano árabe, sino el robo a Aduana. Un comando entró a asaltar en un predio que él administra (Gical). Aduana alquiló ese predio. Esa mercadería tiene un precio de US$ 3.000.000 (...) Él recaudó US$ 100.000 con la venta (de las mercaderías incautadas)”, señaló el legislador colorado.
Afirmó que Fernández quiere evitar que se investigue su administración y le pidió que haga callar a las diputadas Kattya González (PEN) y Celeste Amarilla (PLRA) y a los diputados Sebastián García (PQ), Carlos Rejala (Hagamos) y Sebastián Villarejo (PQ), que investigaban las irregularidades en Aduanas.
Aseguró haber recibido amenazas del director de Aduanas, a través de un tercero, por sus denuncias.
Asimismo, dijo que Julio Fernández es íntimo amigo de la fiscal general Sandra Quiñónez y que ese es el motivo por el cual las denuncias en su contra no corren, a diferencia de la denuncia que hizo el director de Aduanas que inmediatamente motivó investigación y allanamientos por parte de un equipo designado de fiscales.
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