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Las cifras fueron remitidas por la Dirección General de Presupuesto (DGP), dependiente de la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera (SSEAF).
El documento detalló que la prioridad fiscal de los servicios sociales al mes agosto fue del 58%, frente a los demás servicios. En los últimos diez años, la prioridad fiscal se mantuvo en promedio en un 55%.
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El gasto social se compuso en un 32% de recursos destinados al sector de Educación, en segundo lugar con el 26% para Salud, en tercer lugar con el 22% para Promoción y Acción Social y 16% para Seguridad Social. Estos números son llamativos especialmente lo que tiene que ver con educación, ya que el dinero público no sería destinado a la infraestructura que necesitan las escuelas, sino a salarios.
Al octavo mes del año, se destinaron G. 1,01 billones al programa de Adultos mayores para el pago de la pensión alimentaria, unos G. 266.000 millones al programa Tekoporã en concepto de transferencias monetarias con corresponsabilidad, y G. 40.000 millones al subsidio de frontera para trabajadores formales e informales afectados por la pandemia.
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Así también se destinaron G. 15.000 millones para insumos de ollas populares y comedores comunitarios de familias en situación de vulnerabilidad, unos G. 10.000 millones a subsidios para bonos alimenticios a familias afectadas por la pandemia para mitigación de necesidades económicas y G. 3.000 millones para pobladores vulnerables del departamento de Alto Paraná.