La titular de la Diben y miembro de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) registró un aumento de sus bienes patrimoniales en un 463%. Este dato se pudo obtener mediante una consulta en el portal Control Ciudadano (www.controlciudadanopy.org), plataforma que cruza datos abiertos.

El resumen de sus declaraciones juradas indica que al 2017 su patrimonio neto era G. 180.000.000, se mantuvo en 2018 y para el 2020, esa cifra trepó a G. 1.012.800.000 (ver cuadro).

El historial de cargos, basado en la web de la Secretaría de la Función Pública (SFP), indica que Alonso en 2017 se desempeñaba como psicóloga de consultorio en el Instituto de Previsión Social (IPS) y, a partir del 2018 a la fecha se encuentra al frente de la Diben, por decisión del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

Consultada sobre su crecimiento patrimonial, que coincide con su acceso a este puesto de confianza, Alonso respondió que tiene terrenos de herencia. “Sigo ganando lo mismo que ganaba antes. Son declaraciones juradas, tengo todo bien definido, son terrenos que heredé de mi abuela, tengo casas. Todo en proceso de herencia, ni siquiera están a mi nombre”, afirmó Alonso.

Alonso hizo estas declaraciones durante una visita a ABC el viernes ultimó, junto con el presidente de la comisión y la asesora jurídica de la misma, José Antonio Ortiz Baéz y María Galván, respectivamente. Más detalles no dio, alegando que debía acudir a una reunión y no disponía del tiempo suficiente. Acompañaba sus declaraciones con gestos con las manos, con los que minimizó la importancia de la consulta, nada menos que sobre el crecimiento de sus bienes patrimoniales.

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Responsable de decisiones sospechadas de ilegales

Carmen Alonso es integrante de la Conajzar, con voz y voto en todas sus decisiones. Se trata de una de las defensoras de la cuestionada “regularización” de la explotación de tragamonedas en sitios prohibidos, con el argumento que representa ingresos para la Diben.

Semanas atrás, la Secretaría Anticorrupción (Senac) y la Contraloría General de la República (CGR) emitieron dictámenes que calificaron de ilegal lo establecido en la Resolución N° 34/2020 de Conajzar y con la cual autoriza el censo, catastro y explotación de tragamonedas en sitios no exclusivos de juegos de azar a la empresa iCrop SA, representada por Ariel Peña Flores.

Coincidieron en cuestionar que la adjudicación debió ser el resultado de una licitación, y no de una contratación directa.

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La CGR criticó que la decisión implica el uso de tragamonedas en sitios de libre acceso a menores de edad, disposición que viola lo dispuesto por Decreto N° 3.083/15, que establece que las máquinas sólo pueden funcionar en sitios cerrados y prohíbe el acceso a niños y adolescentes. También cuestionó que la Conajzar delegase sus atribuciones a la firma al atribuirle la responsabilidad de todos los procesos de la “regularización”.

Sin embargo, esos recursos representan apenas el 30% de la recaudación de iCrop, ya que el canon mensual por cada máquina es de un jornal mínimo, G. 88.051, mientras que la gestión al comerciante cuesta entre G. 300.000 y G. 450.000. “Eso ya es una cuestión de la empresa”, dijo Alonso.

El compromiso de “legalizar” 50.000 máquinas genera una recaudación mensual de US$ 2,1 millones. De este monto, US$ 1,5 millones le queda a iCrop, mientras que US$ 652.229, corresponden al Estado.

Expuesta al voto censura

Días atrás, el presidente de Conajzar, José Ortíz, se salvó del voto censura en el Senado, luego de que lo interpelaran a fines de julio último. En la ocasión, el senador Eusebio Ramón Ayala lamentó la protección del Ejecutivo al citado funcionario e indicó que los demás integrantes de la comisión deben ser sometidos al interrogatorio ya que también son responsables de la administración del organismo que incluye a Carmen Alonso.

Los legisladores cuestionaron la adjudicación de la quiniela a la empresa TDP SA, del expresidente Juan Carlos Wasmosy, a pesar de que había incurrido en morosidad en la rendición de las tasas que cobra la comisión por la “regularización” de la explotación de tragamonedas en sitios prohibidos por la Ley N° 1016/97 de Juegos de Azar y por la reducción del canon de las concesionarias en plena pandemia, pese a que la medida implicó a la Diben una caída de ingresos, institución que se dedica a la atención sanitaria y por ende, clave en una pandemia.