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El fallo de la jueza Guadalupe Fernández impone no solo informar en el plazo de 10 días sobre el detalle de los gastos realizados por la Comuna capitalina, sino también proveer copia de las facturas, cheques y otros instrumentos de pago, así como presentar los contratos celebrados con las empresas.
La administración de Rodríguez dispuso de más de G. 21.000 millones para ser utilizados mediante la modalidad de “emergencia”; es decir, la ley lo facultaba a evitar el proceso habitual de licitación y celebrar contratos directos.
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La Municipalidad, sin embargo, negó dicha información a la candidata Johanna Ortega, por lo que esta recurrió al Poder Judicial.
El fallo también constituye un importante precedente a favor de la transparencia de datos públicos.