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La denuncia de Chams ante el Ministerio Público fue realizada el 12 de mayo del presente año en contra de personas innominadas, por la presunta comisión de lesión de confianza y luego, el 25 agosto último, ante la Cámara de Senadores, de la cual se hizo cargo el senador Martín Arévalo (ANR), quien fue denunciado la semana pasada por tráfico de influencia por el titular de Aduanas.
El escrito presentado a la Fiscalía por Chams, bajo la representación del abogado Horacio Galeano Perrone, menciona como posibles personas implicadas a Julio Fernández, director nacional de Aduanas; y a Guadalupe Ruíz, administradora de Aduanas del Puerto Paksa.
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La nota señala que el 24 de junio de 2020, en virtud a la Resolución N° 268/20 la administradora de Paksa declaró en contrabando las mercaderías, dispuso su comiso y comercialización así como el medio de transporte.
El denunciante agrega que la autoridad aduanera incurrió de “forma totalmente arbitraria, parcialista y con un sospechoso interés la comercialización de dichas mercaderías a un tercero, sin darle oportunidad al público en general y a su persona en particular de concursar por la adquisición de dichos bienes, por las vías de concurso de precios, licitación pública o subasta pública, privando por una parte al Estado paraguayo de percibir sumas de dinero más importantes que la que recibió de un solo postor”.
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Esto, según refiere, porque el artículo 300 del Código Aduanero establece que toda mercadería incautada podrá comercializarse únicamente por tres vías: el concurso de precios; licitación pública; y subasta pública.
Lesión de confianza
El importador sostiene en su denuncia ante la Fiscalía que este hecho, de ser comprobado, configuraría un delito penal de lesión de confianza contra el Estado paraguayo por el cual se ha beneficiado irregularmente a un tercero en la compra de mercaderías que eran propiedad del Estado paraguayo en virtud a la resolución mencionada que declara en contrabando dichas mercaderías.
El 25 de agosto, el senador Arévalo, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, eleva esta denuncia al presidente del Senado, Óscar Salomón (ANR), y solicita se de el trámite y se gire a las comisiones para lo que hubiere lugar.
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El escrito, al cual se suma el abogado Rafael Ortíz Villalba, en representación de las firmas “Importadora Gecu S.A” y “Belic Import Export S.A”, brinda más detalles de la operación denunciada e insiste de que se privó al Estado de sumas importantes de dinero, ya que el valor de los productos es de US$ 3 millones aproximadamente.
Además, que las mercaderías caídas en comiso no fueron incluidas en la lista oficial de remate, que existió hurto agravado para reducir su valor y posteriormente se realizó la venta directa a la firma Emeku S.A.