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Los abogados César Alfonso, por la defensa de Patricia Ferreira Pascottini, y Marcio Battilana y José Dos Santos, por la defensa de Nidia Godoy, presentaron apelación general en contra del Auto Interlocutorio N° 1.182 del 3 de setiembre pasado, dictado por la jueza de garantías Clara Ruiz Díaz, que elevó a juicio oral la causa por supuesta producción y uso de documentos no auténticos, comercialización de medicamentos no autorizados y asociación criminal.
Específicamente, las defensas cuestionan que la magistrada a cargo de la causa haya decidido rechazar los incidentes de nulidad de la acusación, de sobreseimiento definitivo y exclusión de determinadas pruebas ofrecidas por los fiscales Marcelo Pecci, Sussy Riquelme y Alma Zayas.
Los representantes legales de las directivas de Imedic insisten en que la acusación fiscal es nula porque no contiene una justificación fáctica, jurídica ni probatoria que fundamente un enjuiciamiento público de ambas acusadas en el caso del supuesto uso de documentos no auténticos y la puesta en circulación de medicamentos no autorizados, así como tampoco con respecto a la atribución de que las mismas son miembros de una asociación criminal.
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Al respecto, cuestionan que el Juzgado se limitó a afirmar que se encontraban reunidos los presupuestos previstos en el art. 347 del CPP para rechazar el incidente de nulidad y, de manera similar, señaló que el planteamiento de sobreseimiento definitivo no se ajustaba a alguna de las variantes previstas en el art. 359 del CPP, pero que de todas maneras las facultades del juez de Garantías son limitadas, en el sentido que no le corresponde resolver cuestiones propias del juicio oral y público.
“No existe un razonamiento o motivación para el rechazo de los planteamientos que parta de un análisis de las circunstancias señaladas como deficiencias de la acusación. De esta manera, la jueza afecta gravemente la posibilidad del ejercicio a plenitud de la defensa, de conocer anticipadamente la prueba y lo que ella acreditaría (...) Es decir, no se puede ir a un juicio oral y no saber que acreditará la prueba cuyo contenido le fue vedado conocer. Esto debe acarrear necesariamente la nulidad del acto jurisdiccional, por el motivo mencionado”, argumenta la defensa de Ferreira Pascottini.
Hecho muy grave, según fiscal
El fiscal Marcelo Pecci calificó esta causa como “muy grave”, teniendo en cuenta que se utilizó falsedad documental de facturas para introducir al país, fuera de todo control, medicamentos para afecciones muy importantes. Agregó que no fueron una o dos veces sino en diez ocasiones, lo que a su criterio ratifica que esto no se trató de ningún descuido.
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El agente del Ministerio Público indicó que fue tan fuerte el impacto de la conducta criminal que ni siquiera la propia Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) pudo apoyar la investigación fiscal en la trazabilidad de los medicamentos que ingresaron irregularmente al Paraguay. Señaló que tanto se vulneraron los controles internos que actualmente se desconoce dónde están los medicamentos que ingresaron irregularmente al país.
Pecci aseguró a ABC que “hay gente muy poderosa” involucrada en el esquema criminal, pero que la población puede estar tranquila porque el Ministerio Público tiene la convicción de que la ley es para todos y va a representar y defender a la sociedad, atendiendo a que cualquier ciudadano pudo haber necesitado o utilizado esos medicamentos.