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La Fiscalía allanó el sábado pasado la casa de Roberto Luis Pereira y de otro funcionario identificado como Miguel Medina. El senador Martín Arévalo había presionado para la recategorización de ambos empleados de Aduanas, según la denuncia hecha por el director de la entidad, Julio Fernández, el jueves pasado.
El fiscal Arzamendia, que fue designado el viernes pasado junto al agente Jorge Arce para investigar este caso, afirmó en conversación con ABC que durante el procedimiento en la casa de Roberto Luis Pereira encontró la copia de una carpeta fiscal que da cuenta de que el funcionario ya había sido investigado por enriquecimiento ilícito por la Fiscalía.
“En el allanamiento encontramos en una de las habitaciones una copia simple de una carpeta fiscal donde se evidencia que esta persona ya fue investigada en años anteriores por enriquecimiento ilícito y otros hechos punibles. No tengo mayores informaciones de cómo concluyó esa causa, si fue con un sobreseimiento o con una desestimación, pero fue una información que ya fue evaluada en su momento, pero el ente contralor puede iniciar de vuelta una investigación de oficio”, sostuvo el fiscal.
Las imágenes que se viralizaron en las redes sociales de un tuit de la Fiscalía mostraron viviendas lujosas propiedad de ambos aduaneros y llamó la atención el nivel de vida que ambos tienen.
En otro momento, el agente prometió que investigará tanto a Arévalo como a los funcionarios de Aduanas, a Fernández y también la denuncia hecha por el empresario Ahmad Khalil Chams, quien junto a otras empresas denunció el comiso y la venta ilegal de mercaderías suyas a través de la Dirección Nacional de Aduanas.
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“La denuncia (de Fernández y de Arévalo) se refiere a dos puntos: la intermediación del senador para promocionar a dos funcionarios y por el otro lado la incautación y liberación de mercadería”, añadió Arzamendia, al tiempo de indicar que la denuncia de Chams también tuvo su curso en Fiscalía ya que fue hecha con antelación.
Sobre Arévalo, manifestó que aún no puede investigarlo porque tiene fueros. “El senador Martín Arévalo tiene inmunidad de procedimiento en este momento. Allanamos los domicilios para incautar el teléfono, que sería uno de los medios a partir de los cuales se originaron las conversaciones (...) Lo relacionado a la incautación de mercadería también forma parte del objeto de investigación y estamos solicitamos los antecedentes”, expresó.
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Sin embargo, el fiscal pedirá la remoción de estos fueros cuando haya indicios suficientes para poder iniciar una investigación. En relación a la posible implicancia de Fernández en otro esquema, dijo que la pesquisa puede tomar otro rumbo inclusive.
“La denuncia puede tener un giro distinto. El denunciante puede ser la persona denunciada. Todas las informaciones serán analizadas”, finalizó.
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El titular de Aduanas, Julio Fernández, presentó una denuncia penal el pasado jueves contra el senador Martín Arévalo (ANR) por supuesto “tráfico de influencias”. El legislador dijo que indagó sobre robo de carga y que por ello Fernández lo denunció.
El escrito refiere que Arévalo, en su carácter de senador, “solicitó traslados y designaciones de funcionarios que prestan servicios en la Dirección Nacional de Aduanas” a Fernández en reiteradas ocasiones y dice adjuntar capturas de pantalla de las conversaciones. Además, el titular de Aduanas denunció supuestas presiones para recuperar una carga comisada por presunto contrabando, a nombre de Ahmad Khalil Chams.
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El senador Arévalo, por su parte, sostuvo que la denuncia es una “mentira” y que sería parte de una “persecución política” por una denuncia que había realizado previamente en el Senado de “robo” de la carga.
“Acá hay una mercadería que entró –cierto– ilegal al país, entró en el puerto Gical y de ahí se robó, una mercadería de US$ 3 a 5 millones y nadie se responsabilizó de eso”, alegó.