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El presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conazjar), José Antonio Ortiz Báez, en visita a ABC el pasado viernes, dijo que durante el proceso de licitación para la explotación de la Quiniela tuvo en cuenta el certificado de cumplimiento tributario emitido por la Subsecretaria de Tributación (SET) para adjudicar a fin de 2020 a TDP SA, vinculada al expresidente Juan Carlos Wamosy. Ese documento le decía que TDP no era morosa con el Fisco, por lo tanto no puede “dudar de la veracidad de un documento oficial”, aseguró.
Al ser requerido por qué le adjudicaron a una empresa morosa por el Fisco, que trató de no pagar su deuda a través de una acción ante la Corte que le fue negada, Ortiz respondió que tomaron el certificado de cumplimiento tributario porque la SET es la institución que te dice quién es moroso o no. Sin embargo, TDP no era morosa de impuestos con la SET sino de tasas cuyo pago debía exigir Conajzar, precisamente, que están establecidas en la Ley 431/73 que financian pensiones para veteranos de la Guerra del Chaco.
Orué refutó diciendo que con esas afirmaciones, el titular de Conajzar muestra su falta de celo por velar por los intereses del Estado y su incumplimiento de funciones como presidente de un colegiado, al igual que los demás integrantes del mismo. “Su trabajo es verificar el cumplimiento de las tasas, cuyos ingresos están destinados al sostenimiento de los excombatientes. Era su responsabilidad como reguladora de juegos de azar”, aseveró el viceministro.
El sistema tributario está compuesto por impuestos, tasas y patentes. A modo de ejemplo, mencionó que el certificado que emite la SET no contempla impuesto inmobiliario, porque es un tributo que cobran las Municipalidades y son las responsables de emitir el citado documento; mismo principio se aplica en el caso de la citada tasa porque era la propia Conajzar la responsable de cobrarla. “En el certificado de cumplimiento tributario no estaba incluido lo correspondiente a fondos para veteranos, porque la SET no se encarga de cobrar, es responsabilidad de la propia Conajzar”, recalcó.
Recordó que esta situación fue advertida hace dos años por el entonces ministro de Hacienda, Benigno López, por lo que dispuso que la SET intervenga en octubre de 2020, y se encuentra con sumario abierto sobre el caso. Acotó que la Ley N° 431/73 no está vigente desde diciembre de 2019, pero la deuda anterior persiste.
Por otra parte, Orué recalcó que Ortiz ignoró la acción de inconstitucionalidad planteada por TDP, medida con la cual se evidenció que era morosa. “La Conajzar sabía que se presentó la acción de inconstitucionalidad contra esa ley y que nunca había pagado”, dijo. Añadió que “cuando se adjudicó ya estaba firme la sentencia de la Corte y decía que tenía que pagar”.
A pesar de la sentencia de la Corte, Conajzar adjudicó la Quiniela por otros cinco años a TDP, con lo que se le extendió el contrato que tenía previamente, y el 4 de diciembre se oficializó la concesión a la firma, mediante el decreto Nº 4452 de Mario Abdo Benítez.
Repartió culpas
La “legalización” de tragamonedas en sitios prohibidos por Ley N° 1016/97 de Juegos de Azar y la reducción del canon a las concesionarios fueron otras decisiones de Conajzar en el año 2020, ambas calificadas de ilegales, pero Ortiz respondió que no fueron cuestionadas por Hacienda ni Procuraduría, con lo que le echó la culpa a esas instituciones.
Sin embargo, documentos a los que accedió ABC confirman que la Abogacía del Tesoro solo afirmó que Conajzar cuenta con autonomía funcional pero no analizó la legalidad de la pretensión y que la Contraloría también lo cuestionó. “Es importante que este señor asuma su responsabilidad y que no le quiera culpar a otra instituciones”, dijo Orué.
Incluso, cuando ABC preguntó a la asesora jurídica de Conajzar, María Galván, que acompañó a José Ortiz a la redacción, si como abogada considera que todo lo actuado es legal, se limitó a responder que “están los documentos” y que el que puede determinar si es ilegal es un Tribunal de Cuentas.
Fiscalía sigue sin investigar
Los senadores Esperanza Martínez, Jorge Querey y Enrique Bacchetta plantearon una denuncia ante la Fiscalía para que investigue irregularidades en la gestión de Conajzar y precisaron que las conductas se ajustan a lesión de confianza, prevaricato, exacción y usuparción de funciones públicas en la adjudicación de explotación de la quiniela, la “regularización” de tragamonedas en sitios prohibidos y la reducción del canon a concesionarias. El documento fue presentado en persona por los legisladores en la sede central del Ministerio Público hace más de dos semanas, pero hasta hoy no hay fiscal designado.
