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Casi 24 horas después de que se salvara del voto censura en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, el presidente de Conajzar, José Antonio Ortíz, acompañado de la titular de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) e integrante de la comisión, Carmen Corina Alonso, y de la asesora jurídica de dicho organismo, María Galván, visitó la redacción de ABC. Los funcionarios brindaron declaraciones referente a las numerosas denuncias que surgen por parte de legisladores y explotadores de juegos de azar contra la institución que preside.
Los argumentos para la interpelación, que derivó en el tratamiento del voto censura, fueron la adjudicación de la explotación de la quiniela a una empresa del fisco (TDP SA, del expresidente Juan Carlos Wasmosy) en diciembre de 2020, la reducción del canon a concesionarias en pandemia sin decreto que lo sustente y la “regularización” de tragamonedas en sitios prohibidos por Ley N° 116/97 de Juegos de Azar (a cargo de la empresa iCrop SA, representada por Ariel Peña Flores).
Ortiz manifestó que durante el desarrollo de la licitación de la quiniela, las empresas participantes presentaron el certificado de cumplimiento tributario, documento emitido por la Subsecretaría de Tributaciones (SET). “Si a mí me dice la SET que está al día, cómo voy a dudar. Es como que desconfíe de un certificado de antecedentes que emite la Policía”, alegó, “pasando la pelota” a la administración tributaria.
En cuanto a la reducción del canon, Alonso afirmó por su parte que se trata de una medida temporal y a pedido de las concesionarias, que durante la pandemia no registraban ingresos y por ende, estaban sin recursos para cumplir con las obligaciones. “Necesitamos que las firmas no quiebren”, dijo. Ortiz, en tanto, dijo que se revisará esa medida.
Dicha reducción benefició más a la concesionaria de la quiniela, la mayor aportante de canon. De esta manera, surgió la pregunta si recibió coima. “No, por favor. No recibí coima”, respondió.
Con relación a la “legalización”, a través de una simple resolución, de explotación de tragamonedas en bares, bodegas y otros sitios, prohibido por ley, indicó que el cuestionamiento de Contraloría y Anticorrupción es que se trata de un contrato directo y no de una licitación. Alegó que la ley no prohíbe la explotación de esas máquinas en esos sitios, y que entonces, se basaron en un decreto que data de 1999, que lo permite.
Conajzar también pidió dos veces un decreto del presidente Mario Abdo Benítez, en un caso para la reducción del canon y en el otro, para la “regularización” de tragamonedas. Pero el Ejecutivo no se lo dio. Aún así, ambas decisiones se efectivizaron a través de simples resoluciones. Al respecto, el titular de la Comisión dijo que, de todas formas, no son acciones ilegales y que Hacienda y la Procuraduría respaldaron esas acciones. Con lo que nuevamente “pasó la pelota” a dichas instituciones.
“No hay capacidad real de que el despensero tenga póliza de seguro y realice las gestiones como otras firmas del rubro. iCrop se responsabiliza”, afirmó, defendiendo el contrato con esta empresa para que controle a los locales. Agregó que se trata de una oportunidad para formalizar su uso y del Estado para recaudar.
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Alonso destacó como aspecto llamativo el interés mediático e incluso desde el propio Congreso Nacional al tocar un aspecto que no era atendido por nadie, hace bastante tiempo. “Esto estuvo a la deriva, nadie se le ocurrió intervenir y nosotros buscamos normalizar (...) entramos en un mar de situaciones porque nadie hizo el trabajo”, afirmó. Añadió que es responsabilidad de las municipalidades habilitar las salas exclusivas de juegos de azar y perseguir los juegos clandestinos.
“Tratamos de poner orden y que los niños no sigan expuestos a la ludopatía y empieza esta situación sistemática no solamente de parte de ustedes (ABC), sino que también del Congreso. Tocamos la llaga de algo que hay muchos intereses, hay gente interesada en que en esto nadie se meta”, dijo.
Ortíz recalcó a su vez que son las municipalidades las que tienen la posibilidad legal de incautar las máquinas de explotación clandestina. “La Municipalidad de Asunción hacía incautaciones de máquinas y las destruía con una topadora. Si los municipios hacen lo mismo, se soluciona todo el problema”, aseguró.
Con relación a las resoluciones de varios municipios que prohiben accionar a iCrop SA y sus subcontratadas en sus jurisdicciones, señaló que podrían seguir ese ejemplo de la comuna capitalina, que lo hacía hasta hace año y medio atrás.
Otro aspecto crítico es la falta de un plan antilavado, a lo que aludió que se encuentra “en proceso”. Además, se encuentra “en proceso” de seguir las recomendaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, dijo.
Entre lágrimas
Al ser consultado sobre la acusación de que es testaferro del senador Oscar Salomón y si tiene vínculos con la senadora Lilian Samaniego, respondió que sólo les conoce de saludo. “A mi nadie me puede señalar”, recalcó. Seguidamente, se quebró su voz y siguió diciendo que al momento del tratamiento del voto censura se encontraba frente a la tumba de su padre. Alonso lo interrumpió para afirmar que hay “mucha presión”, sin especificar de quiénes.