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El presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), José Antonio Ortiz Báez, se salvó del castigo político que representa el voto de censura, gracias a un total de 16 legisladores ausentes (ver cuadro), tres abstenciones y un voto en contra (de Lilian Samaniego), frente a 25 senadores que aprobaron.
El senador Blas Llano relató los antecedentes de la interpelación y que en esta ocasión era la segunda vez que se trataba el voto de censura, ya que la vez anterior se dejó a propósito sin quorum la sesión para mantener el punto en agenda. Recordó que el presidente es uno de los integrantes de la comisión y recalcó que los demás integrantes deben ser también sometidos al interrogatorio: Carmen Corina Alonso, Omar Mongelós, Rubén Antonio Roussillón y Ricardo Núñez Giménez, ya que “son igual o más responsables de las irregularidades en la gestión de Conajzar”.
También criticó que la comisión ni siquiera tiene en cuenta el dictamen del contralor Camilo Benítez que califica de ilegal el contrato que “regulariza” la explotación de tragamonedas en sitios prohibidos por ley e hizo énfasis en la falta de acceso a la sede de esta institución pública a un equipo periodístico de ABC que acudió para retirar documentos solicitados por el portal de Acceso a la Información Pública (AIP). “Estemos o no de acuerdo con la línea editorial, la prensa es uno de los garantes de la democracia”, recalcó.
La senadora Esperanza Martínez hizo énfasis en la falta de castigo de la justicia y del Poder Ejecutivo a la gestión de Conajzar a pesar de las documentaciones que evidencian la creación de una estructura de lavado de dinero, la caída de ingresos de dicha institución que se destinan a la Dirección de Beneficencia y sobre todo, la exposición a la ludopatía a los niños y adolescentes, mediante la “legalización” de tragamonedas en sitios prohibidos por la Ley N° 1016/97 de Juegos de Azar.
Por su parte, el senador Eusebio Ramón Ayala, lamentó la protección del Ejecutivo a Ortiz, a pesar de que su gestión derivó en una disminución de ingresos al fisco y que ayer, precisamente, se tuvieron que aprobar nuevos créditos para Salud Pública. Se preguntó cómo se sostiene al hombre que está boicoteando la recaudación fiscal y se trata del propio representante de Hacienda.
Por su parte, explotadores de tragamonedas se concentraron frente a la oficina de la Conajzar, presidida por José Ortiz, para exigir que sea destituido. Lamentaron que se mantenga vigente el contrato con la empresa iCrop SA, representada por Ariel Peña, a pesar de que la Contraloría y Secretaría Anticorrupción confirmaron que es ilegal.