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La Municipalidad de Salto, durante la administración de Carlos Cesar Haitter (candidato a la reelección como intendente), se comprometió a reintegrar la suma de G. 2.632.843.910 mediante la ejecución de 13 obras en los ejercicios fiscales 2019 y 2020.
Este monto debería ser invertido, con recursos propios de la Municipalidad para compensar el dinero malversado de los fondos de resarcimiento que recibe la ciudad por la desaparición de los Saltos del Guairá (según la Ley Nº 5404/15), en la construcción y reparación de iglesias entre los años 2016 y 2018.
En 2019, la Municipalidad fue sancionada con la suspensión de los desembolsos de los fondos de resarcimiento por esa misma razón, una sanción que tras varios meses pudo levantar con la promesa de reintegro.
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La institución habría ejecutado la mayoría de las obras prometidas, pero nuevamente las habría financiado con recursos de la ley de compensación, ya que no disponía de fondos propios, con lo que al mismo tiempo intentó engañar a la Contraloría.
Sin embargo, el organismo superior de control solicitó un informe y descubrió el incumplimiento.
Debido a esta situación, la Contraloría habría enviado a la Unidad de Departamentos y Municipios del Ministerio de Hacienda un nuevo pedido de suspensión total de desembolsos de fondos a la comuna de Salto del Guairá.
La institución percibe anualmente cerca de 10 millones de dólares del Estado.
La Municipalidad de Salto del Guairá es blanco de varias denuncias e investigaciones de presunta corrupción durante el periodo 2015–2021. Los concejales y el actual intendente interino Wilson Báez son acusados de realizar licitaciones irregulares para comprometer recursos de la comuna hasta el año 2024.
La administración de Carlos Cesar Haitter tiene el ‘récord nacional’ de presunto daño patrimonial detectado por la Contraloría: G. 30.372.000.000 en un solo año.