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La nueva legislación promulgada el último martes 7 por la Presidencia de la República, dispone que de los recursos obtenidos mediante las operaciones autorizadas se destinarán hasta la suma de US$ 79,1 millones para el pago de las jubilaciones y pensiones en el sector público.
Al mes de agosto el déficit acumulado de la Caja de Jubilaciones y Pensiones o Caja Fiscal alcanzó los G. 776.216 millones (US$ 112,8 millones), de acuerdo con el informe que dio a conocer el Ministerio de Hacienda el último miércoles.
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El saldo rojo representa -33%, diferencia entre las jubilaciones abonadas a los más de 67.000 beneficiarios y el aporte del 16% que realizan los funcionarios activos de las diversas instituciones públicas de la administración central.
El informe señala que el gasto de enero a agosto fue de G. 2,37 billones (US$ 345 millones) y el aporte de los activos G. 1,59 billones (US$ 232,2 millones), diferencia que se cubre con fondos de los sectores superavitarios y con recursos del Tesoro.
Hacer la reforma
El viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda, Iván Haas, señaló ayer que la única salida es trabajar sobre la reforma de la Caja Fiscal, atendiendo que cada año aumenta el nivel del subsidio que otorga el Tesoro para cumplir con los beneficios.
Haas indicó que están analizando la conveniencia de llevar adelante una reforma de emergencia o avanzar directamente en una reforma total, para ello están dialogando con los diversos sectores de jubilados.
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La reforma de emergencia planteada por Hacienda prevé que los jubilados que se hayan retirado antes de los 62 años, sigan aportando el 16% como lo hacen los funcionarios activos.
Además, la suspensión de la equiparación que tienen los militares y policías retirados con los uniformados en actividad, a fin de que la actualización se haga con base en la inflación como se realiza con los demás sectores que componen la Caja Fiscal.
La propuesta ya fue rechazada totalmente por los gremios de jubilados, pero en cambio manifestaron estar abiertos a avanzar en una reforma para que sea sostenible en el tiempo.
Adultos mayores
En cuanto a la pensión alimentaria para adultos mayores, la ley de consolidación destina hasta poco más de US$ 78 millones para financiar el referido programa.
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De acuerdo con los datos de Hacienda, al mes de agosto se tienen registrados 237.566 beneficiarios del subsidio, que reciben mensualmente G. 548.210. Para el próximo año el subsidio será reajustado atendiendo la variación del 4,4% registrada en el sueldo mínimo.
La cartera fiscal estima cerrar este año con 250.000 beneficiarios y para el próximo año, según lo que se estableció en el proyecto de presupuesto 2022, se pretende llegar con la pensión a 280.000 adultos mayores de 65 años y más en situación de vulnerabilidad social.