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Un equipo periodístico de ABC acudió a la oficina de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), presidida por José Antonio Ortiz Báez, en busca de documentos solicitados a través del portal de Acceso a la Información Pública (AIP), expediente N° 44.542. La respuesta obtenida fue que debido al volumen, los mismos se “encuentran a disposición” en la oficina.
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Se trata de resoluciones firmadas por la comisión, decisiones de sus integrantes y que están vinculadas con los permisos de explotación de juegos de azar, adjudicaciones dadas, entre otras cuestiones que se desconoce debido a la falta de acceso a los documentos. La información debe encontrarse disponible en la página web, ya que así lo establece la Ley N° 5282, y la Secretaría Anticorrupción (Senac) confirmó el incumplimiento y le calificó con un cero a Conajzar en transparencia gubernamental.
La comisión está integra por los representantes de distintas instituciones: de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), Carmen Corina Alonso; de Municipalidades, Ricardo Núñez Giménez; Gobernaciones, Rubén Antonio Roussillón Blaires; Ministerio del Interior, Omar Rodrigo Mongelós González, además de Ortiz.
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Esta medida se suma a la negación sistemática de otorgar información solicitada a inicios de julio y en medio de cuestionamientos a la administración de Ortiz, funcionario sometido a una interpelación en Senado y cuyo voto censura se prevé tratar este jueves.
Constituye una falta gravísima, aseguran
Javier Balbuena, asesor jurídico en juegos de azar y expresidente de Conajzar, indicó que la falta de actualización de la página web del organismo y la negación sistemática de facilitar información constituyen faltas graves, que están contempladas en la Ley N° 5.282 de Transparencia Gubernamental, en su artículo 28, y se aplica lo establecido en la Ley de Función Pública, N° 1.626. “El artículo 69 de esa ley establece a las faltas graves, suspensión, suspensión del cargo sin goce del sueldo, destitución o despido con inhabilitación para ocupar cargos públicos por dos a cincos años”, mencionó.
Resaltó como hecho llamativo la alevosía por impedir en transparentar la gestión. “Conajzar no pone a disposición en la página web la información básica del organismo, cualquiera lo puede confirmar, sólo cargan los montos de los cánones, que se cobra de forma mensual pero el resto no conocemos nada”, afirmó. Añadió que es lamentable que a la prensa niegue información.
Ezequiel Santagada, director ejecutivo del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), cuestionó la abierta violación a un derecho constitucional. “Es completamente ilegal. Conajzar indicó que debían pasar a la oficina a hacer las copias y no hay forma que se impida la entrada sin incurrir en un acto completamente arbitrario”, aseveró.
Agregó que ante este escenario, las autoridades de la institución empujan a que se dé inicio de inmediato a una acción de amparo para el acceso a la información pública.
