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El monto para cumplir con el denominado servicio de la deuda pública correspondiente a la Administración Central, aumenta 9% con respecto a lo contemplado en el presupuesto vigente 2021, diferencia que implica US$ 76,5 millones más, y este crecimiento obedece al incremento que viene registrando cada año los compromisos contraídos vía emisión de bonos y préstamos de organismos financieros internacionales.
La preocupación por el crecimiento de la deuda pública fue uno de los temas expuestos por algunos legisladores durante la primera reunión de la Comisión Bicameral, luego de que el ministro de Hacienda presentara los grandes números, la emisión de bonos y los préstamos a ser obtenidos, las proyecciones macroeconómicas y los programas a ser impulsados a través del PGN 2022.
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Los parlamentarios pidieron detalles del costo de la deuda y un análisis sobre la capacidad que tiene el país para hacer frente a los compromisos asumidos, además de la relación salarios y gastos corrientes con relación al ingreso tributario estimado. En ese sentido hablaron los senadores Stephan Rasmussen, Amado Florentín y Desirée Masi; en tanto que la diputada Celeste Amarilla señaló que no le asusta la deuda, pero siempre que se tenga capacidad para pagar y no simplemente endeudarse “a lo loco”.
Nueva deuda
Llamosas indicó que el nuevo endeudamiento que asumirá el Tesoro el año venidero es por US$ 600 millones, de esto US$ 250 millones provendrán de un préstamo y US$ 350 millones de la emisión de bonos (en mercado local o internacional).
Dijo que este año se prevé cerrar el ejercicio con una deuda equivalente al 36,1% del PIB (US$ 13.923 millones aproximadamente) y para el año que viene esto subiría a 37,4% (alrededor de US$ 15.202 millones), lo que su criterio se mantiene dentro de un nivel sostenible y razonable para el país.
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En ese contexto, mencionó que para el próximo año se prevé abonar US$ 369,6 millones en concepto de amortización, 590,5 millones en intereses y US$ 12 millones en comisiones, lo que suma US$ 972,1 millones.
El titular de la cartera fiscal, incluso, reiteró que a través de la modificación de la Ley de Responsabilidad Fiscal se propone que el tope de deuda sea fijado en 40% del PIB, que a su criterio este nivel sigue siendo sostenible para el Estado.
Dijo que los intereses se pagan con recursos genuinos del Tesoro, mientras que la amortización del capital se administra con deudas (se paga con deuda o lo que se conoce comúnmente como “bicicleteo”).
Gobiernos anteriores
Además, indicó que los compromisos que se incorporan en la ley de presupuesto se deben cumplir y en ese sentido, puntualizó que son deudas tomadas por gobiernos anteriores al de Mario Abdo Benítez, aunque dejó en claro que parte de los intereses ya corresponden a la administración actual porque esta porción se abona desde que se contrae la deuda. Reconoció, igualmente, que en el futuro otros gobiernos también harán lo mismo, pagarán las deuda asumidas durante este gobierno porque esto es así.
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Menciono que en 2022 volverán a emitir bonos bajo la ley de administración de pasivos para realizar los canjes por bonos que están venciendo en 2023, correspondiente a la primera emisión internacional por US$ 780 millones. Este año se canjearon por US$ 329,5 millones y restan US$ 450,5 millones, aunque el ministro adelantó que existen tenedores de bonos que no quieren realizar esta operación y prefieren esperar el vencimiento.