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El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) informó que desde el 8 de setiembre al 7 de octubre estará en vigencia el periodo de propaganda electoral en canales de televisión, radios y medios de comunicación escritos de todo el país.
Sin embargo, las publicidades en internet se difunden desde hace varios meses. Según la Justicia Electoral, la propaganda política en redes sociales e internet no está regulada y por ende los candidatos aprovechan el vacío legal para violar la ley.
En paralelo continúa vigente el periodo de propaganda electoral en las calles y vía pública con cartelería.
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Financiamiento político
La propaganda política mueve grandes cantidades de dinero en el sistema legal financiero.
Según un estudio difundido por la Organización Semillas para la Democracia e Idea Internacional, con datos de la consultora Audimedia y el financiamiento de la Unión Europea, en la campaña electoral presidencial y general del 2018 los partidos gastaron más de US$ 10 millones en este rubro. De la cifra, la ANR gastó US$ 4.517.848; la Alianza Ganar US$ 2.918.334 y el PLRA US$ 661.490.
En abril de 2018, las plataformas de comunicación con más inversión de propaganda electoral fueron la TV, con el 83,6%; la cartelería en la vía pública, con 9,5%; los diarios, 3,7% y radios, 3,2%.
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Por otro lado, desde hace meses la Justicia Electoral busca instalar un supuesto control de la propaganda electoral ilegal en la vía pública.
La Justicia Electoral informó que la fiscala electoral Sandra Ledesma citó para declaración indagatoria a los exintendentes de Villa Elisa, Limpio, Itá y Mariano Roque Alonso, por desacato, al no reglamentar la propaganda electoral. Estos alcaldes incumplieron la orden de que determinen los sitios habilitados legalmente para instalar carteles y hacer pintadas políticas, entre otros.
Fueron llamados a indagatoria los exjefes municipales Ricardo Estigarribia (PLRA), de Villa Elisa; Carolina Aranda (PLRA), de Mariano Roque Alonso; Gloria Benítez (PLRA), de Itá, y Carlos Palacios (ANR), de Limpio. Fueron convocados por la comisión del hecho punible de desacato por no haber cumplido con la intimación realizada por el Juzgado Electoral de Central. Las indagatorias concluyen hoy.
Ya en junio de 2020 el juez electoral de Central, Modesto Núñez, intimó a las 19 municipalidades de Central a reglamentar esta situación.