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El juez de Garantías Julián López fijó para el jueves 4 de noviembre, a las 9:00, la audiencia preliminar para la extitular de Petropar Patricia Samudio, su esposo José Costa Perdomo, y los funcionarios de la petrolera estatal Félix Marcelo Chávez, Roberto Cabrera Narváez, Miguel Darío Cáceres y Freddy Agustín Careaga.
Estas seis personas están acusadas de lesión de confianza por supuestamente haberse “aprovechado de una situación de emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del covid-19 para convocar una licitación para adquirir supuestamente insumos sanitarios y desviar fondos de la institución pública”.
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Los fiscales Francisco Cabrera, Liliana Alcaraz y Silvio Corbeta detallan en su acusación que bajo la administración de Patricia Samudio, Petropar adquirió por la vía de la excepción, de la firma proveedora “Solumedic SA”, 3.000 tapabocas N95, 5.000 botellas de agua tónica y otros insumos, por un total de G. 359.700.000. Esta suma fue transferida a una cuenta de la empresa “Racole SA”, para el pago parcial de una deuda de Costa Perdomo, esposo de la exfuncionaria estatal.
El magistrado explicó que convocó la diligencia recién para el mes de noviembre porque tiene acumuladas varias audiencias entre setiembre y octubre, debido al sistema de trabajo en cuadrillas que había implementado el pleno de la Corte Suprema de Justicia en el Poder Judicial.
Juez rechazó que sea por medios telemáticos
La defensa había solicitado que Samudio participe de la diligencia por vía telemática resaltando la situación emotiva o psicológica de la extitular de Petropar y para “evitar cualquier afección o perturbación a su tranquilidad ante la hipótesis de comparecer personalmente a este diligencia con una alta carga mediática que podría perturbar todavía más su tranquilidad”.
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Sin embargo, el juez Julián López rechazó esta petición e hizo lugar al planteamiento del Ministerio Público y decidió que la preliminar se realice en una de las salas de juicios orales ubicados en el 2° piso de la Torre Norte del Palacio de Justicia de Asunción, atendiendo que poseen un espacio físico mucho mayor para el desarrollo de la diligencia cumplimiento con el protocolo sanitario establecido por el Ministerio de Salud Pública para evitar la propagación del covid-19.