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El 1 de septiembre entró en vigencia la reglamentación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) que establece que los profesionales del derecho reporten las actividades sospechosas de sus clientes.
El presidente del CAP, Manuel Riera, señaló que dicho reglamento es inconstitucional y, además, rompe el principio de confidencialidad entre abogado y cliente, por lo que anunció que recurrirán a instancias judiciales.
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Refirió también que la reglamentación fue establecida mediante una resolución firmada por el titular de Seprelad, Carlos Arregui, por lo que no tiene la calidad de un decreto del Poder Ejecutivo.
Riera comentó que Seprelad “legalizó” o “transcribió” las recomendaciones propuestas por GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). Agregó que desde el Ejecutivo se demuestra con esto que prefieren enfrentar una acción inconstitucional que a las políticas de la organización internacional.
“Se transcribieron en un instrumento normativo las recomendaciones de GAFI (…) Eso tiene una adecuación irreal e inconstitucional y viola tratados internacionales. Pero Seprelad no atiende eso porque es preferible comprar una acción de inconstitucionalidad con un abogado que un problema nacional con GAFI en términos de situación país”, sostuvo.
El presidente del Colegio de Abogados refirió que el enfoque de la organización internacional es la “adecuación” de sus normativas antilavado sin importar el alcance de las recomendaciones. “No importa lo que hagas conforme a tu legislación, lo importante es que te adecues a ellos, esa es la visión GAFI”, declaró.
Igualmente, refirió que desde el gremio demostraron las irregularidades del reglamento y solicitaron aplicar políticas “reales” de control, que –según indicaron- fueron rechazadas porque “no son recomendadas” por GAFI.
Anunció que trabajarán en una acción para “contrarrestar” el reglamento vigente y añadió que la intención es presentarla este septiembre.
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Fiscalizaciones en Paraguay
El Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) -perteneciente a GAFI- realizó encuentros oficiales con instituciones nacionales desde agosto hasta principios de septiembre, en el marco de sus fiscalizaciones sobre las políticas de acción antilavado que se aplican en nuestro país. El resultado del “examen” para conocer si el Paraguay ingresará a la “lista gris” aún no tiene fecha de emisión.