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El organismo asesor del Parlamento tiene a su cargo el análisis del proyecto entre setiembre y octubre, emite su dictamen del tal modo a que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores decidan al respecto a más tardar el 20 de diciembre.
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Según confirmaron este lunes desde ambas cámaras del Congreso, la referida comisión se reunirá mañana desde las 10:30 en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados; estará integrada por 20 senadores y 20 diputados, la presidencia le correspondería al representante del Senado, teniendo en cuenta que el año pasado recayó sobre el representante de Diputados.
Los 40 miembros
Los integrantes designados por la Cámara Alta son: Juan Darío Mónges, que como presidente de la Comisión de Hacienda del Senado le correspondería este año ser el titular de la bicameral; Martín Arévalo, Hermelinda Alvarenga de Ortega, Rodolfo Friedmann, Silvio Ovelar, Javier Zacarías Irún, Derlis Osorio, Amado Florentín, Antonio Barrios, Esperanza Martínez, Jorge Querey, Zulma Gómez, Desirée Masi, Patrick Kemper, Stephan Rasmussen, Blanca Ovelar, Abel González, Blas Lanzoni, Salyn Buzarquis y Fernando Lugo.
La Cámara Baja designó a los siguientes diputados: Miguel Tadeo Rojas, María Cristina Villalba, Justo Zacarías Irún, Walter Harms, Basilio Núñez, Edwin Reimer, Jazmín Narváez, Freddy D´Ecclesiis, Juan Carlos Luis Galaverna, Arnaldo Samaniego, Colym Soroka, Emilio Pavón Doldán, Hugo César Capurro, Sergio Rojas, Arnaldo Andrés Rojas, Carlos Enrique Silva, Édgar Acosta, Celeste Amarilla, Tito Ibarrola y Carlos Sebastián García.
Un plan de G. 92,1 billones
El proyecto de presupuesto 2022 asciende a G. 92,1 billones (US$ 13.172 millones al cambio presupuestado), que equivale al 32% del Producto Interno Bruto (PIB). De este monto, a la Administración Central se le asigna G. 49,6 billones (US$ 7.102 millones), que representa el 54% del total; y a las Entidades Descentralizadas, G. 42,4 billones (US$ 6.070 millones), que representa 46% restante.
El plan se elaboró sobre la base de un crecimiento económico previsto del 3,8%, inflación del 4%, un tipo de cambio a G. 6.992 por dólar y déficit fiscal del 1,5%, pero se solicita llegar a fin de año al 3% con el argumento de que sin esos recursos adicionales no se podrán solventar inversiones en obras públicas que están en desarrollo, así como los fondos necesarios para Salud.
Según Hacienda, el nuevo endeudamiento previsto por el Tesoro asciende a US$ 600 millones; de esto, 350 millones serán vía emisión de bonos y US$ 250 millones, a través de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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La deuda pública total ascendería al 38% del PIB (US$ 15.446,6 millones), de acuerdo a las proyecciones de la cartera fiscal. Además, el 29,5% del presupuesto se destina a servicios personales (salarios y otros beneficios del personal público) y el 75% de la recaudación tributaria se destinará a financiar salarios, lo que implica que de cada G. 100 que pagan los contribuyentes en concepto de impuesto, G. 75 irán a remuneraciones.
El proyecto de presupuesto 2022 contempla 312.150 cargos distribuidos en la Administración Central y las Entidades Descentralizas, levemente inferior al presupuesto vigente de 2020.
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No puentear a Hacienda
El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, pidió la semana pasada a los parlamentarios que se respeten los topes establecidos en el proyecto de presupuesto, ateniendo que los números están ajustados y en línea con las proyecciones de ingresos, como así también con la capacidad de endeudamiento del Estado.
Sostuvo que si bien el país está en una coyuntura económica positiva, los riesgos tanto sanitarios como climáticos siguen latentes y, en caso de materializarse, pueden tener un impacto importante en la economía.
Llamosas, en una reunión llevada a cabo en Palacio de Gobierno el jueves 2 pasado para explicarles el panorama presupuestario a los ministros del gabinete, también pidió que las solicitudes de mayor presupuestos sean canalizadas a través de Hacienda y no vía legisladores, como ocurre todo los años.
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Los ministros y autoridades de entes públicos acuden cada año a la convocatoria de la Comisión Bicameral y solicitan, en su mayoría, un incremento del gasto, contrariando de este modo lo dispuesto por el Ejecutivo en materia presupuestaria, es decir desautorizando al propio Presidente de la República, situación que expone a que se eleve el tope de gasto y se dispare el déficit fiscal.