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El juez Juan Pablo Mendoza impugnó la inhibición de su colega Yolanda Portillo, quien se excusó de integrar el Tribunal de Sentencia que debe juzgar la causa de Ramón González Daher y de su hijo Fernando González Karjallo, acusados por el Ministerio Público de supuesta usura y lavado de dinero.
Portillo se inhibió alegando que estuvo como presidenta del tribunal que condenó a 7 años de cárcel al exsenador colorado Óscar González Daher, hermano del exdirigente de la Asociación Paraguaya de Fútbol acusado en esta causa, por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y declaración falsa.
En su impugnación, el juez Juan Pablo Mendoza señala que los argumentos expuestos por su colega para inhibirse no están establecidos en el artículo 50 del Código Procesal Penal, teniendo en cuenta que se tratan de causas, hechos punibles y justiciables diferentes.
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El caso queda ahora a cargo de la Cámara de Apelaciones, que debe resolver si hace lugar a la impugnación y confirma a la jueza especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Yolanda Portillo, o si atiende los argumentos de la magistrada y designa como miembro del Tribunal de Sentencia al impugnante.
La jueza Claudia Criscioni fue designada como presidente del Tribunal de Sentencia, tras la inhibición de la magistrada Elsa García. La otra miembro es la jueza especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción Yolanda Morel, quien también integró el tribunal que condenó a Óscar González Daher y a su hijo Óscar Rubén González Chaves.
Robo de 380 cheques que presentó la fiscalía
El 9 de julio pasado, el Tribunal de Apelación Penal, cuarta sala, integrado por los camaristas Arnulfo Arias, Emiliano Rolón Fernández y Gustavo Santander Dans, declaró inadmisible el recurso de apelación planteado por la defensa en contra del Auto Interlocutorio Nº 325 del 9 de abril pasado, dictado por el juez especializado en delitos económicos Humberto Otazú, y confirmó el auto de apertura a juicio oral en la causa que afronta Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo.
El 12 de agosto se comunicó al Juzgado de Garantías de Humberto Otazú sobre el extravío de dos sobres que contienen aproximadamente 380 cheques que el fiscal Osmar Legal presentó como prueba en contra de los acusados. Sin embargo, el agente de la Unidad contra Delitos Económicos y Anticorrupción aseguró que los documentos robados “no son pruebas directas”.
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Según la acusación del Ministerio Público, los acusados de usura y lavado de dinero no pueden justificar la suma de G. 6.539.895.697.879, en el plazo comprendido entre los años 2008 y 2018.
El fiscal Osmar Legal solicita el comiso especial de bienes de Ramón González Daher y su hijo por la suma de G. 58.493.632.102. Este monto constituye, según el agente de UDEA, el total de los intereses cobrados en exceso por el exdirigente de la APF entre el año 2013 y 2018.