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Una de las vecinas del barrio Villa Virginia de Lambaré, que reside cerca de la fábrica Thermoplast, relató que desde hace cuatro meses vive una pesadilla constante. Es que ese es el tiempo que viene funcionando la mencionada fábrica de plásticos al lado de su vivienda, y para colmo, utilizan un tinglado de ladrillo hueco que está pegado a la pared de su habitación, según denunció.
Manifestó que tanto ella como sus hijos y demás miembros de la familia están viviendo una odisea en la que el nerviosismo y el estrés acapararon, haciendo la vida hogareña totalmente insalubre.
Han hecho numerosos intentos para charlar con los propietarios de la fábrica, que aunque los reciben muy amablemente, jamás cesan con los ruidos, afirmó la vecina.
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Verificación siempre favorece a fábricas
En una búsqueda desesperada por resolver el problema, la vecina acudió a la Municipalidad de Lambaré, donde el director de Medio Ambiente, Nery Cano, envió funcionarios con instrumentos de medición de decibeles, que concluyeron que el ruido estaba dentro del rango normal.
Pero indignada, ella les reclamó, pues solo tomaron el sonido en un momento en que las máquinas estaban sonando más despacio, o estaban apagadas, y no midieron el sonido en su casa, que es donde realmente le perjudica, aseguró a ABC Color.
En la Ley 6390, curiosamente, no están establecidos los límites de decibeles permitidos y a partir de cuántos se viola la ley.
La Municipalidad de Lambaré se sigue rigiendo por la Ley 1100 que sí establecía como niveles máximos en los barrios residenciales, mediciones de 60, 65 y 70 decibeles. En tanto, para zonas industriales, se permiten decibeles de 70, 75 y 80.
Zonas “mixtas”
Pero hay un pequeño vacío legal, existen zonas consideradas como “mixtas”, donde las fábricas sí están habilitadas para trabajar y emitir sonidos, aunque vivan muchos vecinos que necesitan del silencio en algún momento.
El gran problema, según reconoció el propio director de Medio Ambiente de la Municipalidad de Lambaré, Nery Cano, es que en la comuna no existe un plan regulador en cuanto a la ubicación de las fábricas. Entonces, como estas consiguen todos los permisos para trabajar, operan tranquilamente haciendo altos ruidos.
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Burocracia sin solución
La única “solución”, que brindó Cano, es que las personas afectadas canalicen sus denuncias a través de la Dirección de Medio Ambiente, y que esta dependencia, por medio de su departamento de Gestión Ambiental, vaya al barrio a realizar las verificaciones llevando el decibelímetro. “Se hace constar en un acta los decibeles del volumen en el momento de la verificación”, expresó Nery Cano.
Luego, se realiza un informe que se remite a la Dirección Jurídica de la Municipalidad para que siga su curso.
El problema es que todo este burocrático proceso los vecinos ya se cansaron de hacerlo, y pese a seguir pacientemente todos los pasos, nunca recibieron una solución.
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“Dialogan”, pero polución sigue
Cano se limitó a referir que están “en conversación” con los propietarios de las fábricas “a fin de que los mismos tengan las instalaciones adecuadas para no perturbar la tranquilidad de los vecinos”.
La sugerencia de Cano fue que estos establecimientos “construyan paredes medianeras a fin de tomar las medidas de aislamiento necesarias para evitar la propagación de ruidos o vibraciones”.
Es el caso de la abogada Janina Duré, del barrio Puerto Pabla de Lambaré, cuyo domicilio se encuentra rodeado por la fábrica Pastec Saci. Junto con 15 vecinos suyos, realizaron un reclamo a la Municipalidad de Lambaré por la polución sonora que están viviendo, pero quedaron sorprendidos cuando Asesoría Jurídica de la Municipalidad les dio un dictamen no favorable a la denuncia de los pobladores.
Además, la fábrica se escuda en que puede trabajar porque tiene su estudio de impacto ambiental aprobado, y además la municipalidad argumenta que esa zona de Puerto Pabla es “mixta”, por tanto, la fábrica supuestamente sí puede operar.
Cuando llega el control, máquinas se apagan
Janina Duré también ya pasó por varios malos ratos, pues cuando vinieron a medir los decibeles los funcionarios de Medio Ambiente, justamente apagaron las máquinas y posteriormente los de la Municipalidad se negaron a labrar el acta. Además, Duré lamentó que ingresaron a su patio a medir los decibeles, pero “justamente”, los de la fábrica apagaron una de las máquinas, y los decibeles salieron en 51, un rango “aceptable” dentro de lo normal.
Duré lamenta que los funcionarios de Medio Ambiente van a “dialogar” con los dueños de la fábrica, que siempre terminan saliéndose con la suya, aparentando que mantienen los sonidos dentro de los decibeles normales.
Por su parte, el señor Gregorio Olmedo, vecino de la Fábrica de Hielo Antártida, en el barrio Santo Domingo de Lambaré, también vive el mismo calvario, aunque los horarios de ruidos molestos son más bien rotativos.
Junto con sus vecinos, Gregorio ya hizo denuncias a la Comisaría y luego a la dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Lambaré.
Luego de insistir mucho, los funcionarios vinieron a hacer la medición de sonido y el resultado, supuestamente, fue que no se llega a los niveles de polución sonora.
Pero llamativamente, este resultado se dio cuando el denunciante no estaba presente, por lo que en honor a la transparencia, el vecino volvió a pedir que vinieran cuando él se encontraba, pero jamás regresaron.
Vecino fue amenazado
Gregorio ya intentó conversar con la propietaria de la fábrica de hielo, pero le respondió amenazando con que lo iba a disparar. Además le manifestó no temer a ninguna sanción.
¿Qué dice la ley?
La Ley Nº 6390/2020 regula la emisión de sonidos capaces de afectar el bienestar o dañar la salud de personas.
La normativa dice que será considerado ruido todo sonido que, por su intensidad, duración o frecuencia, supere los niveles fijados como máximos permitidos por las normativas técnicas de la autoridad de aplicación y que por ello causen molestia.
Están sujetos al cumplimiento de estas disposiciones todos los sujetos que realicen actividades o fueran emisores acústicos casuales o habituales que produzcan ruido dentro del territorio de la República, de titularidad pública o privada.
¿Quién es la autoridad de aplicación?
Las municipalidades serán autoridad de aplicación de esta ley, por lo tanto, son las que debería determinar los estándares, categorías y fuentes de emisión permitidas.
Además, deberán establecer reglamentariamente los niveles sonoros permitidos y los prohibidos, así como formular las políticas públicas en materia de minimización de ruidos.
En otro orden, la Policía Nacional de oficio o por denuncia, deberá constituirse para comprobar la polución sonora, y deberá contar con un instrumento de medición del sonido. En caso de constatarse ruido, deberá hacer cesar o impedir tales emisiones en forma inmediata, labrando acta de todo lo actuado.
En caso de que persista la emisión de ruidos, la Policía Nacional procederá a la incautación de los equipos, vehículos o maquinarias, según el caso.
Lo actuado, se informará al Ministerio Público y a la municipalidad competente. El acta policial labrada será considerada instrumento de prueba fehaciente.
Así debería actuar la Policía
En recintos privados, la Policía Nacional deberá informar las actuaciones dentro de las doce horas al Ministerio Público para su intervención correspondiente, el cual a su vez dentro de las siguientes veinticuatro horas deberá solicitar al Juez competente, que dicte una orden de allanamiento que disponga la incautación de los equipos, vehículos o maquinarias emisores del ruido.
La Comandancia de la Policía Nacional deberá proveer instrumentos de medición de decibeles a cada comisaría del territorio nacional.
Las municipalidades podrán sancionar imponiendo multas de cinco a cincuenta jornales mínimos, o suspendiendo la habilitación del recinto para funcionar por un período de hasta seis meses.
En caso de reincidencia, se podrá proceder a la inhabilitación completa. Y las sanciones podrán ser impuestas en forma acumulativa.