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El plan de gastos e ingresos se financia con recursos del tesoro (impuestos y otros), recursos institucionales (que generan las entidades con el servicio) y con los fondos provenientes del endeudamiento público (préstamos o bonos).
En este último caso, los gastos financiados con endeudamiento ascienden a G. 11,6 billones (US$ 1.660 millones al cambo presupuestado), monto que incluye los préstamos que ya están en ejecución en las diversas instituciones públicas y las nuevas deudas a ser contraídas el próximo año.
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Las autoridades de Hacienda aseguraron al momento de presentar el proyecto al Parlamento, que el nuevo endeudamiento que asumirá el Tesoro el año siguiente es por US$ 600 millones, de esto US$ 250 millones provendrán de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y US$ 350 millones de la emisión de bonos del Tesoro (interno o externo).
El resumen ejecutivo que acompaña el proyecto de PGN señala que los niveles de deuda del sector público aumentaron como resultado de la adopción del plan de contingencia de la emergencia sanitaria y del plan de recuperación económica.
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Al julio la deuda pública total asciende a US$ 13.163,2 millones, resultado de un crecimiento del 7,8% con respecto al 2020, equivalente al 34,2% del PIB, indica el informe. Para fin de año las proyecciones de la cartera apuntan a que se sitúe en 36,1% del PIB, representando unos US$ 13.923,4 millones.
En cambio, para el año venidero Hacienda estima cerrar el ejercicio 2022 con un saldo de deuda pública de entre 37,4% a 38% del PIB, éste último representa US$ 15.446,6 millones (según el PIB estimado de US$ 40.649 millones).
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Tope de deuda
Las autoridades de Hacienda siempre consideraron que el tope de deuda del país es 40% del PIB y ese porcentaje fue plasmado en el proyecto de ley que modifica la ley de Responsabilidad Fiscal denominado de “Fortalecimiento de la Institucionalidad Fiscal”, que actualmente está en estudio en el Congreso.
La idea de establecer un tope del 40% del PIB como techo de deuda, según el proyecto de ley, se implementaría luego del periodo de convergencia al tope de -1,5% de déficit fiscal, previsto para el 2024. El referido plan actualizado, contempla para este año un déficit del -4%, para el próximo -3%, para 2023 sería -2,3% y en 2024 se reduciría, finalmente, a -1,5%.
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Los economistas locales consideraban que el tope de deuda razonable para el país es del 30% de PIB y habían recomendado a Hacienda frenar el crecimiento de la deuda controlando el déficit, reduciendo lo antes posible al límite fijado por la ley de Responsabilidad Fiscal.