Cargando...
El senador Baccheta confirmó que a más de una semana de presentare una denuncia para investigar irregularidades en la gestión de Conajzar, no se reportaron novedades de la designación de un agente fiscal. La solicitud fue entregada en persona, junto los senadores Martínez y Querey el 25 de agosto último, en mesa de entrada de la sede central del Ministerio Público, cuya titular es Sandra Quiñonez.
Se intentó conocer más detalles a través de la Dirección de Comunicación pero no se obtuvo respuesta, a pesar de las reiteraciones.
Baccheta lamentó la falta de interés por aclarar situaciones planteadas por representantes del Poder Legislativo, en persona. “Es muy mala señal que aún no se haya dado curso a la denuncia formulada por algunos senadores sobre la supuesta comisión de hechos punibles en el ejercicio de la administración de la Conajzar”, afirmó a ABC. Indicó que con la denuncia se se demuestra que fue amañada la licitación de concesión de la quiniela, y que incluso el propio viceministro de Tributación, Óscar Orué, había confirmado que la firma debía estar al día para beneficiarse con un contrato con el Estado.
Con relación a la “legalización” de tragamonedas, el legislador señaló que Conajzar delegó funciones a la empresa iCrop, para que administre y legalice todas las maquinitas tragamonedas que se encuentran diseminadas en el país, autorizando a cobrar un canon ilegal. “Ninguna institución establecida por ley, puede delegar funciones”, recalcó. Añadió que se redujo los cánones sin ninguna legislación que lo ampare.
“Creo que Ortiz debería ser imputado por lesión de confianza y destituido por el presidente Mario Abdo Benítez”, aseguró, y señaló que esta institución representa la impunidad reinante en el país.
La denuncia
El documento relata que el presidente de Conajzar, José Antonio Ortiz Báez, fue sometido a una interpelación el 28 de julio último, ocasión en que fue abordado sobre la adjudicación de la exploración de la quiniela a la firma TDP SA, del expresidente Juan Carlos Wasmosy, a pesar de ser moroso del fisco; el contrato directo a la empresa iCrop SA, representada por Ariel Peña Flores, para la “regularización” de tragamonedas en sitios prohibidos por la Ley N° 1016/97 y la reducción del canon de forma ilegal durante la pandemia. Estos tres hechos que solicitaron que se investigue.
Conforme al argumento, los senadores consideran que se cometieron los hechos de lesión de confianza, prevaricato, exaccióny usurpación de funciones públicas al no precautelar la recaudación del Estado y decidir en contra del mismo por favorecer a la firma del exmandatario, recaudación indebida y ceder sus atribuciones como reguladora de juegos de azar. Estos dos últimos en sus disposiciones vinculadas a la “legalización” de tragamonedas en bares, bodegas, kioscos y otros comercios de libre acceso.
El escrito también destaca que la autorización dada a iCrop expone a los menores de edad a realizar apuestas con las tragamonedas, lo que representa un peligro de caer en la ludopatía. Esta situación atenta con el bienestar de esta tierna población, lo cual está establecido en la Constitución Nacional del Paraguay e incluso fue ratificado con la rúbrica de compromisos internacionales, como lo es los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La Corte tampoco resuelve inconstitucionalidad
La Municipalidad de Asunción presentó a inicios de julio, hace dos meses, una acción de inconstitucionalidad en contra de la Resolución N° 34/2020 de Conajzar con la cual autoriza a iCrop a censar, catastrar y explotar tragamonedas en sitios prohibidos por Ley N° 1016/97. Hasta el momento, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no se pronunció al respecto.
La Contraloría General de la República (CGR) y la Secretaría Anticorrupción (Senac) analizaron dicho documento y dictaminaron que es ilegal el contrato directo con iCrop.