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César Rodrigo Amarilla está acusado por lesión de confianza en perjuicio de la Caja de Jubilados Bancarios.
Los afectados cuestonaron que el presidente del tribunal de sentencia Elio Rubén Ovelar dejó entrever su clara posición a favor del acusado cuando preguntó al auditor Luis Saldívar, quien estaba declarando como testigo, si es o no lícito refinanciar créditos a través de una financiera o un banco, un préstamo de la Caja de Jubilados, a lo que el testigo respondió que no era ilícito porque se recupera el capital y los intereses. Seguidamente manifestó Ovelar que “sí se hace esa operación con un banco, financiera o cooperativa es lícito, pero si se hace con Karakú, es ilícito”, con lo que el juez demostró claramente su parcialismo al preopinar en el juicio oral.
Lo que Ovelar obvió manifestar es que la “Financiera Karakú SRL”, físicamente no existía, porque era de maletín, y se constituyó con un capital de apenas G. 4 millones y que el propietario era el mismo acusado César Rodrigo Amarilla, que en ese momento ejercía la función de gerente de la Caja de Jubilados. Utilizaba fondos de la Caja Bancaria, para conceder a los jubilados nuevos créditos para cancelar los préstamos anteriores, pero a una tasa entre 9% y 10%, pero los intereses percibidos por Karakú, ya no retornaron a la Caja, lo que produjo el perjuicio a esta entidad.
Lidia Victoria Acuña Ricardo, de la Unidad de Deliots Económicos y Anticorrupción (UDEA) es la fiscala de la causa.
Integran asimismo el tribunal de sentencia, además de Ovelar, los jueces Dario Báez y Rossana Maldonado.
<b>Antecedentes del caso</b>
Según lo que revela la acusación del Ministerio Público, siempre y de acuerdo a los hechos presentados, mediante la maquinación de créditos, la Caja Bancaria de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, habría sufrido una afectación negativa de su patrimonio equivalente a la suma de G. 401.300.236, que podría incrementarse a la suma de G. 3.791.490.072, resultantes de la diferencia entre los intereses de los créditos promocionales ofrecidos por Karakú y los que correspondían a los créditos que dichas personas poseían anteriormente, que habría dejado de percibir la Caja de Jubilaciones, por su cancelación anticipada.
La intermediación para cancelación anticipada de créditos que habían contraído los jubilados con la Caja Bancaria, se perpetró a través de la “Financiera Karaku SRL”, cuyo titular era el acusado y procesado en el juicio oral, César Rodrígo Amarila..
El 26 de abril de 2016, José Antonio Caballero Bobadilla, en su calidad de presidente de la Caja Bancaria de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, así como Miguel Ramón Oro Domínguez, Angel Ramón Chamorro Ortíz y Xavier Alberto Hamuy Campos, miembros del Consejo de Administración de la entidad citada, suscribieron la Resolución N° 33 y el Acta N° 19 por la cual se autorizó la habilitación de líneas de crédito mediante una promoción denominada “Promo Crédi Plan Personal” a tasas del 9% y 10% anual para sus asociados con vigencia durante los meses de mayo y junio de 2016, con la única condición de que no sea destinada a la cancelación o amortización de otros créditos.
Cumplida la vigencia del periodo fue ampliada dicha promoción, por estas personas, mediante la Resolución N° 23 y el Acta N° 28 hasta el 31 de julio de 2016 y luego, el 2 de agosto de 2016 suscribieron la Resolución N° 39 y el Acta N° 36 por la cual se autorizó una última prórroga hasta el 31 de agosto de 2016.
Sin embargo, esta promoción se extendió hasta el 1 de noviembre de 2016, sin resolución de por medio y pese a la prohibición de que sea utilizada para cancelar o amortizar préstamos anteriores, se habrían otorgado créditos a 81 personas asociadas, para cancelar créditos anteriores concedidos por la Caja por unos G. 13.000 millones, entre el 1 de mayo y 1 de noviembre de 2016, utilizando un esquema que consistía en que estos cancelaban o amortizaban sus préstamos anteriores mediante la intermediación de tres empresas denominadas Karakú SRL, Edydsi y Triple Mas, a las que se hallaba vinculado César Rodrigo Amarilla, quien a su vez, estaba a cargo de la Gerencia de Créditos y División de Operaciones Crediticias de la Caja Bancaria de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines.
El dinero concedido a través de las financieras de “maletín” Karakú SRL, Edydsi y Triple Mas, serían de los fondos de la Caja de Jubilaciones Bancaria.