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Los datos forman parte de un informe que dio a conocer el Ministerio de Hacienda que resume la presentación del referido proyecto de ley a consideración del Congreso, por un monto que asciende a G. 92,1 billones (US$ 13.172 millones al cambio presupuestado).
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La cantidad de cargos presupuestado para el próximo año es levemente inferior a la que se tiene asignada actualmente en la ley de presupuesto 2021. Es decir, de 312.496 contemplado en el presente ejercicio, se reduce a 312.150 para el año venidero, 346 cargos menos.
Distribución de cargos
El informe de Hacienda menciona que al Poder Ejecutivo le corresponde 205.995 cargos; al Poder Legislativo 2.662 y el Poder Judicial 24.131.
Además, a la Contraloría General de la República se le presupuesta 955 cargos, a la Defensoría del Pueblo 151, al Banco Central del Paraguay (BCP) 925 y a los gobiernos departamentales 1.124.
También incluye para los entes autónomos y autárquicos 7.835 cargos, a las entidades públicas de seguridad social 15.652, a las empresas públicas 9.867, a las entidades financieras oficiales 2.237 y a las universidades nacionales 40.616.
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Los cargos corresponden a funcionarios administrativos, policías, militares, docentes, personal de blanco de salud, magistrados, cargos de autoridades, entre otros de carácter permanente.
El informe no incluye la cantidad de cargos de contratados que prevé el Estado para 2022, aunque siempre se maneja extraoficialmente que ronda los 50.000. Esta cantidad, sin embargo, ya sería mayor por los miles de contratos realizados en el Ministerio de Salud Pública para hacer frente a la pandemia por covid-19.
Tampoco se contempla en esta lista a cantidad de cargos que tienen las empresas estatales S.A, como Copaco, Essap y Ferrocarriles del Paraguay; teniendo en cuenta que estos no están incluidos en el presupuesto porque su condición de sociedades anónimas.
Salarios se llevan 75% de lo recaudado
En cuanto a la relación servicios personales e impuestos recaudados, el informe indica que por cada G. 100 ingresado, G. 75 van para salario (es decir 75% de lo recaudado va a remuneraciones).
La distribución es la siguiente: 50% a salud y educación, 20% a seguridad (Interior y Defensa), 10% al Poder Judicial, 9% a otros organismos del Estado de la administración central, 7% a universidades, 2% al Poder Legislativo, 1% a las gobernaciones y 1% a las entidades descentralizadas.
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El año pasado en pandemia el Estado utilizó US$ 300 millones del préstamo de emergencia sanitaria, de US$ 1.990 millones, para cubrir los salarios públicos y preservar los beneficios en el sector, contrariamente a lo sucedido en el sector privado donde miles de trabajadores quedaron suspendidos y cesados porque cerraron los empleos.