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Ayer, en la reunión reservada de mesa directiva y líderes de bancada del Senado, legisladores de distintas bancadas reclamaron al presidente Oscar Salomón por el escándalo desatado con su pelea mediática con el senador Galaverna.
El reclamo se refirió especialmente al daño que hace este tipo de situaciones a la imagen de la Cámara de Senadores.
Al respecto, según trascendió, Salomón ratificó ante sus colegas la denuncia de que el mismo Galaverna le dijo a algunos senadores que en los primeros tiempos de la gestión de Cartes (2013- 2018) recibió por 42 meses un monto de US$ 100 mil dólares mensuales por “servicios políticos”.
La denuncia fue hecha a través de un medio de comunicación, luego de que Galaverna afirmara que Salomón protege y evitará el voto de censura al presidente de Conajzar, José Ortiz, porque es su testaferro y es dueño de iCrop, empresa beneficiada con el contrato de las máquinas tragamonedas.
Salomón les manifestó ayer a sus colegas que el jueves viajará a Corea con el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, y una delegación y que a su vuelta, que sería el jueves 9 de setiembre, hablará con cada una de las bancadas para darles más detalles sobre el hecho que motivó un gran escándalo.
Salomón había expresado que analizaría la posibilidad de realizar una denuncia formal. Sin embargo, su salida del país posterga esa intención.
Según habría dicho el presidente del Senado a sus colegas, este viaje a Corea está programado desde hace varias semanas y no está vinculado con la disputa pública que mantuvo con el senador Galaverna.
Posibles sanciones
En la reunión de ayer no se habló de eventuales sanciones que podrían corresponder a Galaverna por haber admitido presuntamente un hecho que sería motivo de una sanción.
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El artículo 201 de la Constitución que habla sobre la pérdida de investidura de un legislador señala que esta sanción se aplicará en casos de violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Carta Magna o por el uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado.
En el párrafo final del artículo señala expresamente que “los senadores y diputados no estarán sujetos a mandatos imperativos”. Recibir un pago, como supuestamente admitió Galaverna, implicaría un mandato externo para un legislador.
El senador Galaverna negó las acusaciones de Salomón y también vinculó a su colega colorada Lilian Samaniego en la defensa a Ortiz.