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A pedido de los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, el juez especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás aplicó medidas alternativas a la prisión para el imputado José Ramón Bogado Cardozo (47 años), bajo una caución juratoria, caución real de un inmueble hasta alcanzar la suma de G. 338.544.000.
El magistrado también impuso al procesado una fianza personal por G. 262.000.000, prohibición de salir del país y de cambiar de domicilio sin autorización del Juzgado y la comparescencia mensual para firmar el libro de actas judiciales, entre el 1 y el 5 de cada mes.
Delmás impuso las mismas medidas alternativas a la prisión para el imputado Diego Di Stéfano Mónaco (58 años), pero la caución real del inmueble es hasta cubrir la suma de G. 600 millones.
En cuanto a la imputada María Lorena de Barros Barreto (48), la misma planteó reposición con apelación subsidiaria contra la cédula de notificación, argumentando que debe ser personal la notificación. La misma vive en España.
Supuesta coima a abogados de Messer
La imputación fue presentada el 2 de junio pasado por los agentes fiscales Liliana Alcaraz, Francisco Cabrera, Jorge Arce y Osmar Legal. El escrito indica que los tres procesados supuestamente solicitaron, entre el 23 de abril y el 4 de mayo de 2019, la suma de US$ 2.000.000 a los defensores de Darío Messer, abogados Leticia Bóveda y Rodrigo Galeano, a cambio de ejercer sus influencias ante los miembros del Poder Judicial y con el entonces ministro del Interior Juan Ernesto Villamayor.
La coima era para obtener y asegurar resultados favorables respecto a la tramitación de cualquier planteamiento que pudieran realizar los defensores en representación del entonces prófugo Darío Messer ante las instancias judiciales, así como el ofrecimiento de garantías para su entrega y sometimiento ante la justicia paraguaya, refiere la imputación.
La acusación fiscal agrega que “en tal sentido, la suma solicitada sería distribuida en US$ 1.000.000 para Juan E. Villamayor, ministro del Interior, y el otro US$ 1.000.000 para los miembros de la Corte Suprema de Justicia”.