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Los sindicatos públicos presionan al gobierno con manifestaciones y movilizaciones, teniendo en cuenta las próximas elecciones municipales, para conseguir incrementos salariales para el año venidero.
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Los reclamos se realizan principalmente ante el Ministerio de Hacienda, que es la institución que administra los recursos y prepara el proyecto de presupuesto 2022, que será entregado al Parlamento el próximo miércoles 1 de setiembre.
Ingresos asegurados
“No hay margen fiscal para otorgar reajustes salariales”, dijo Barreto cuando se le consultó sobre el reclamo de los funcionarios y complementó que “este es un presupuesto de transición aún”, en relación al plan 2022 que está en la etapa de consolidación final.
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“Los funcionarios públicos deberían tomar en consideración que sus ingresos fueron preservados en años de pandemia como fueron 2020 y 2021, cuando gran parte de los trabajadores del sector privado sufrieron pérdidas de empleo y reducciones de ingresos que aún no logran recuperar hasta ahora”, puntualizó el exministro.
A su criterio a partir del 2023 se debería aplicar una nueva política salarial para el Estado, que debería ser tratado en la reforma de la ley de la función pública.
Crédito de emergencia
El año pasado el Estado se endeudó por US$ 1.990 millones para hacer frente a la pandemia por covid-19, de esto US$ 300 millones fueron destinados para cubrir salarios de funcionarios, mientras que en el sector privado quedaron cesados y suspendidos miles de trabajadores del sector privado por el cierre de las fuentes de empleo.
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Una de las críticas, precisamente, que siempre se realizó al sector público es que todo el sacrificio de la pandemia recayó sobre el sector privado.