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Tras la publicación de ABC de que el Senado sospecha que la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), presidida por José Antonio Ortiz Báez, legaliza tragamonedas “mau”; la Secretaría Anticorrupción (Senac), cuyo titular es René Fernández, abrió el expediente N° 12.093 para analizar “a profundidad” lo planteado a fines de junio último. Dos meses después concluyó que el contrato debió adjudicarse tras una convocatoria de licitación, principalmente.
En su Resolución N° 167/2021 y los documentos proporcionados para el análisis de la autorización a la firma iCrop SA (representada por Ariel Peña Flores) para “regularizar” y explotar tragamonedas en el país, en el que concluye si corresponde o no este contrato que permite el funcionamiento de esas máquinas en sitios prohibidos por la Ley N° 1016/97 de Juegos de Azar (bares, bodegas y otros comercios).
Tampoco hay observaciones sobre la sospecha de que el acuerdo fue creado para obtención ilícita de recursos y lavado de dinero, y que la estrategia, en realidad, expone mucho más a los menores de edad a la ludopatía. Estos aspectos constiutuyen el “corazón” de la denuncia periodística, así como de la preocupación de los senadores (ver infografía).
Pese a que tiene la facultad de recomendar un sumario o una denuncia penal, así lo destaca en su resolución, el ministro Fernández, se limita a comunicar las irregularidades que detectaron a los ministerios de Hacienda e Interior, instituciones que cuentan con representantes en la directiva de Conajzar, que son: José Antonio Ortiz Báez y Omar Rodrigo Mongelós González, respectivamente. Los demás integrantes son de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), Carmen Alonso; de Municipalidades, Ricardo Núñez Giménez, y Gobernaciones, Rubén Antonio Roussillón Blaires.
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El informe es el anunciado por el senador Juan Carlos “Calé” Galaverna como esperado, ya que según había dicho en plenaria durante el análisis de la interpelación a Ortiz, es la investigación solicitada por el presidente de la República Mario Abdo Benítez.
El reporte se suma al informe de la Contraloría General de la República (CGR), que dictamina como ilegales la explotación de tragamonedas en sitios prohibidos y el contrato entre iCrop y Conajzar, advierte de la delegación de atribuciones del Estado a una firma privada y la falta de control de exposición a los pequeños a jugar con las máquinas electrónicas y el peligro de caer en la ludopatía.
Cero en transparencia
Por otra parte, la Senac calificó con un cero a la Conajzar al verificar los ítems de transparencia gubernamental establecido en el Ley N° 5282. El artículo 8° establece informaciones básicas que deben divulgarse en el portal y que tampoco son suministrados tal como lo establece la legislación vigente, ya que se puede apreciar su página web se encuentra absolutamente desactualizada, ni datos básicos ofrece.
