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La responsable de aspectos legales de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), María Galván, respondió a ABC que no analizó el dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) que calificó de ilegal el plan de “regularización” de tragamonedas del organismo. Consultada si la directiva tomó alguna postura con relación al reporte, respondió que desconoce.
La funcionaria fue abordada durante una visita que hizo ABC Color a la Conajzar en busca de los documentos solicitados a través del Portal de Acceso a la Información Pública (AIP), expedientes N° 45.542 y 45.341, específicamente de las resoluciones firmadas por la actual administración. Se trata de los ítems que la Ley N° 5282 de Transparencia Gubernamental, en el el artículo 8°, establece que deben estar disponibles en la web de la institución, pero que sin embargo no se encuentran, ni se proporcionan en formato digital o físico.
El presidente de Conajzar, José Antonio Ortiz Báez, indicó que “debido al volumen de los documentos” se encuentran a disposición de forma física para la consulta, sin embargo, pese a la promesa, hasta ahora no se logra acceder a dichos documentos ni para fotografiarlos en su totalidad.
No es la primera vez que Ortiz proporciona a medias documentos públicos. En su interpelación en la Cámara Alta prometió a los senadores absolutamente toda la documentación vinculada al contrato de “regularización” de tragamonedas que había otorgado. Sin embargo, en el legajo se pudo comprobar que entre las actas de sesión entregadas no se encontraba el acta n° 13, en la que consta que los miembros de la comisión habían decidido solicitar un decreto al presidente de la República, Mario Abdo Benítez. En el dossier tampoco se encuentra la respuesta a ese pedido. El acta N° 13 es del 18 de julio del 2020.
Legaliza explotación en comercios informales
La representante de la Asociación Paraguaya de Operadores de Juegos de Azar (Apoja), Lorena Rojas, recordó que a fines de junio los explotadores de tragamonedas se manifestaron en contra de Conajzar y su contrato con la empresa iCrop SA, pidiendo su anulación. “El dictamen de Contraloría confirma nuestras denuncias y varias empresas presentaron a Conajzar el pedido de revocatoria del contrato basados en ese informe. Todavía no tuvimos respuesta”, dijo.
Rojas cuestionó la falta de control de la empresa dirigida por Ariel Peña Flores, ya que emite facturas a sujetos que trabajan en la absoluta informalidad. “Las despensas o pequeños comercios que venden bebidas u otros artículos, y que también tienen tragamonedas, pagan el canon a iCrop y esta le da factura, a pesar de que su comercio es informal”, sostuvo.
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