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La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), en una sesión ordinaria, el 30 de enero del 2020 solicitó a la Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República, en ese momento a cargo de la ministra Mónica Seifart de Martínez, un decreto que le permita “regularizar” la explotación de máquinas tragamonedas en sitios que no sean exclusivos de juegos de azar, propuesta presentada y posteriormente autorizada, de forma unilateral, a la empresa iCrop SA (representada por Ariel Peña). Los firmantes de la solicitud fueron por Raúl Mariano Silva Busto, Ricardo Núñez Giménez, Carmen Corina Alonso, Rubén Antonio Rousillón Blairas y José Antonio Ortiz Báez (presidente).
El documento en cuestión analiza que “el pedido, notoriamente, pretende que se otorguen facultades a la Conajzar en el marco de la Ley N° 1016/97”. Al respecto, observa que el Art. 5° de esa ley establece que la comisión funciona bajo la dependencia del Ministerio de Hacienda, por lo que “es preciso contar con su opinión técnica respecto al pedido”, se lee.
Sin embargo, al parecer, la Conajzar ignoró está recomendación y el 25 de setiembre del año pasado alegó autonomía funcional con “un dictamen de la Abogacía del Tesoro en un caso de pedido de Decreto”, pero sin precisar cuál.
El pedido de decreto Conajzar fue entregado al Ejecutivo el 7 de febrero del 2020 y la respuesta la obtuvo el 14 de julio, cinco meses después y hace un año, teniendo en cuenta que se trata de la postura legal del Ejecutivo y por lo tanto clave en la definición de la legalidad del plan de “legalización” de tragamonedas, llama la atención que ese documento no integre el legajo enviado a la Cámara Alta como parte de las respuestas brindadas en la interpelación por el titular de Conajzar, el 28 de julio último.
En esa ocasión, Ortiz prometió a los senadores que facilitaría absolutamente toda la documentación vinculada con las preguntas planteadas.
En total son 223 páginas enviadas al Senado, entre las cuales no figura el pedido de respaldo legal, ni el retorno de la Presidencia. Tampoco se encuentra en el portal de Conajzar, por lo que se debió solicitarlo mediante el portal de Acceso a la Información Pública (EXP. 45.341), que sigue pendiente de entrega el Acta N° 13 de la sesión del 16 de julio de 2020, ocasión que la directiva analizó la postura de Seifart.
Contraloría ignorada
El contralor Camilo Benítez firmó el miércoles último el Dictamen N° 4878 con el cual califica de ilegal la “regularización” de tragamonedas en sitios prohibidos, el contrato directo con la empresa iCrop SA y el hecho de que Conajzar ceda sus atribuciones de habilitar las máquinas para convertirse en una mera receptora de comunicaciones de Declaraciones Juradas.
A pesar de la contundencia de esta postura, desde Conajzar se confirmó que ese acuerdo sigue vigente y además cada integrante de su directiva, quienes son designados por el presidente Mario Abdo Benítez. Todo esto en medio de la evaluación internacional de la efectividad de la normativa antilavado.
Solicitan revocación del contrato
La representante de la Asociación Paraguaya de Operadores de Juegos de Azar (Apoja), Lorena Rojas, comentó que varias empresas presentaron a la Conajzar una solicitud de revocación del contrato que se mantiene con iCrop SA, cuyo representante es Ariel Peña Flores, basado en el reporte emitido por la Contraloría General de la República, del 26 de agosto. “Es notoria la ilegalidad de la Resolución N°34/2020 de Conajzar, documento con el cual se autoriza la regularización y explotación de tragamonedas en bares, bodegas y otros sitios prohibidos por la Ley N° 1016 de Juegos de Azar”, manifestó a ABC.
