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El titular de la Contraloría General de la República (CGR), Camilo Benítez, firmó ayer el dictamen N° 4.878, que ataca “el corazón” de la Resolución N° 34/2020 de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), presidida por José Ortíz. Con ello, se deja sin argumento legal la permanencia de dicha resolución con la cual se pretendió la “legalización” de tragamonedas del país en que no son salas exclusivas de juegos de azar. De esta manera, además, se desnudan los fines recaudatorios del plan, ideado supuestamente para proteger a los niños y adolescentes de la ludopatía, pero que resulta excamente lo opuesto en la práctica.
El dictamen de la CGR es una respuesta a un pedido de aclaraciones que hizo la empresa de juegos de azar Chaplin SA, de José Luis Elías Luise, en marzo último.
Conajzar no puede decidir algo que va contra normativas existentes, sostuvo el contralor. Dijo que el Decreto N° 3.083/15 ya establece delineamientos para prevención de ludopatía y la Resolución 36/16 determina los parámetros para el funcionamiento de tragamonedas en el país, con el objetivo de que se desaliente el juego entre menores de edad.
“La Resolución N° 34 habilita y autoriza explotación de tragamonedas en contra de disposiciones que restringen su funcionamiento en espacios que no tienen restricciones de acceso, como restaurantes o quioscos”, observó el contralor.
Resaltó la contradicción que surge en la decisión de Conajzar al “legalizar” las máquinas en sitios que no son de juego de azar y que “resulta evidente que los locales (despensas, bares, etc.) son de libre acceso a cualquier tipo de público”.
Además, cuestionó que la comisión contrató de manera directa, sin concurso, a la empresa iCrop SA, representada por Ariel Peña, violando la Ley N° 1016/97 de Juegos de Azar. “La concesión para la explotación para juegos de azar de carácter nacional se realizará exclusivamente por licitación pública”, señaló.
El ente contralor subrayó que en ningún artículo en la normativa analizada se disponen excepciones para los jugos electrónicos de azar o tragamonedas, por lo tanto, “la Conajzar se ha excedido en sus competencias al adjudicar directamente la explotación de tragamonedas en todo el país”.
Por último, apuntó que Conajzar delegó sus atribuciones a una firma privada al atribuirle “todos los procesos”. Todo esto, “sin que medie un proceso licitatorio para que realizar tal delegación o asignaciones de funciones esté amparada en los parámetros de la Ley N° 1016/97”, cuestiona la Contraloría.
