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Un mes después de la interpelación al titular de Conajzar, el Senado se reunió esta mañana para tratar el voto censura a dicho funcionario, pero la sesión quedó sin la cantidad de asistentes necesaria para continuar (29 presentes, cuando la cantidad mínima es de 30).
Los legisladores habían interrogado a Ortiz por observaciones en la “regulación” de tragamonedas en sitios prohibidos por la Ley N° 1.016/97, de Juegos de Azar, la adjudicación de la quiniela a una empresa morosa con el fisco y la reducción del canon a concesionarias durante la pandemia, sin la aprobación del Congreso ni un decreto del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
El senador Enrique Bacchetta fue el primero en recordar los argumentos expuestos por el “presunto corrupto”. Recalcó que el Ejecutivo debe desvincular de sus cargos a todos los integrantes de la comisión y no sólo a Ortiz, ya que se tomaron atribuciones que no les corresponden y cometieron severas irregularidades al adjudicar a una morosa del fisco, legalizar el juego de tragamonedas para obtener recursos pisoteando normativas vigentes y reducir impuestos de manera unilateral.
Señaló que la conducta de Conajzar estaría tipificada como lesión de confianza y usurpación de funciones.
Igualmente, durante su exposición, solicitó la palabra el senador Juan Carlos “Calé” Galaverna, quien mediante la lectura del reglamento recordó que son necesarios 30 votos para aplicar el voto censura y que la sesión empezó con 25 asistentes y luego se confirmó que se encontraban 29 legisladores.
Fue entonces que la senadora Lilian Samaniego solicitó que se tome la asistencia de manera nominal, pero los concurrentes en vez de responder “presente” fueron votando por el aplazamiento del único orden del día. De esta manera, el presidente del Congreso, Óscar Salomón, anotó la cifra al concluir el llamado de la lista.
El senador Blas Llano aprovechó para felicitar a sus colegas Enrique Bacchetta, Jorge Querey y Esperanza Martínez por plantear una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado, cuya titular es Sandra Quiñónez, y anunció que se retiraba de la sesión para mantener en agenda el tratamiento.
De esta manera, sus colegas también se retiraron de la sesión y fue durante su despedida que Galaverna le felicitó, irónicamente, al presidente del Congreso, por “su parcial éxito de salvar a su testaferro de Conajzar”.
Conajzar, en “la mira”
La gestión de Conajzar está en la mira luego de que un sector de explotadores de juegos de azar saliera a las calles a protestar en su contra y su contrato directo con la empresa iCrop SA, representada por Ariel Peña. A través de ese contrato, basado en apenas una resolución, comenzaron a cobrar este año entre G. 300.000 y G. 450.000 para “legalizar” la explotación de sus tragamonedas en comercios no exclusivos de juegos de azar.
Por el lado del canon, alegaron que ya pagan a las municipalidades, mientras que sobre regular una actividad prohibida por la ley de juegos de azar, reconocieron que es oportuna una regularización de sus actividades. No obstante, consideraron que es muy caro lo que se cobra porque de ese monto, sólo el valor de un jornal mínimo (G. 88.051) va al Estado y lo demás se lleva la parte privada.
Dicha resolución es la N° 34/2020, con la que Conajzar autorizó a iCrop SA el censo, catastro y explotación de tragamonedas, así como el cobro del canon sin que exista claridad del estudio financiero ni social para estas actividades. Sólo se menciona que el objetivo es, supuestamente, proteger a los niños de la ludopatía.
El contexto de críticas a Conajzar y la llegada al país de la comitiva del Grupo de Acción Financiera Latinoamérica (Gafilat) fue aprovechado por las concesionarias para recordar una problemática que les afecta desde hace años, que es la imposibilidad de acceder a cuentas bancarias, lo cual les obliga a que sus transacciones no sean trazables y, por ende, vulnerables a ser calificadas como ilegales. Los gremios de juegos de azar coincidieron de manera unánime en que esta situación les perjudica en sus gestiones.
Más protestas contra Conajzar
Los integrantes del gremio de Operadores de Máquinas Electrónicas de Entretenimientos, Servicios y Juegos de Azar del Paraguay (Gomeesjapy) siguieron la sesión del Senado frente a la sede del Congreso y lamentaron la falta de definición del tema que les afecta.
Líder Acosta, presidente del gremio, cuestionó que se haya postergado el voto censura al titular de Conajzar, considerando que es de conocimiento público la serie de irregularidades en su gestión al frente de la comisión. “Pedimos que se anule el contrato con iCrop, la adjudicación en sí y que se trabaje con nosotros para poder encaminar el rubro que afecta a mucha gente en todo el país”, manifestó.
Añadió que más que la destitución de José Ortiz, el sector desea que se clarifiquen las cláusulas del contrato con iCrop, puesto que es ilegal una contratación directa, sin licitación y -además- en el documento ni siquiera incluyeron una cláusula de rescisión de contrato por incumplimiento de la adjudicada, así como la legalización de la explotación en manos de terceros sin la intervención de Conajzar
