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En un acto realizado este jueves, el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción René Fernández hizo entrega oficial del Mapa de Riesgo de Corrupción de esta institución, a la ministra Cecilia Pérez, quien además firmó la resolución por la cual se aprueba y dispone la implementación del “Mapa de Riesgo de Corrupción”.
Mediante la suscripción de la resolución, la ministra Pérez dispone la incorporación de acciones de mitigación identificadas en el mapa, al Plan Anticorrupción institucional para el ejercicio 2021 – 2022, a fin de fortalecer las capacidades de respuestas preventivas en materia de corrupción, con el encargo de reportar los avances del cumplimiento a la máxima autoridad institucional y a la Senac.
“Nos sentimos orgullosos, principalmente por haber sido una de las primeras instituciones en trabajar en este relevamiento de datos, mediante el diseño que nos ha indicado la Senac. No podemos decir, por un lado, que estamos contentos de tener tantos funcionarios destituidos, desvinculados, sumariados y sancionados por hechos de corrupción, pero sí podemos decir que renovamos el compromiso de continuar trabajando. Creemos que la prevención es determinante para que estos hechos no ocurran, porque estamos hablando de que el epicentro de los problemas de seguridad a nivel país se encuentra en el sistema penitenciario, y en este contexto, nosotros necesariamente tenemos que tratar de prevenir la comisión de estos hechos. No podemos hablar de pequeños y grandes hechos, porque la suma de todo nos lleva a grandes episodios. Si bien tenemos en condiciones bastante difíciles, actualmente a nivel presupuestario, vamos a seguir luchando contra los esquemas de corrupción”, expresó la ministra Pérez.
Esta actividad se alinea con el Decreto N° 4.458/20 suscrito por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en el cual encomendó la implementación del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción (PNI 2021-2025), el cual en su eje 4, objetivo 4.4, acción 4.4.2 encomienda “El fortalecimiento de las capacidades institucionales de respuesta preventiva a la corrupción en instituciones estratégicas encargadas de la administración de recursos esenciales, el combate al crimen organizado, contrabando, la evasión tributaria, el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, a través del seguimiento focalizado a la implementación efectiva de la gestión de riegos y las políticas de promoción de integridad institucional”.
Participaron de la ceremonia, la ministra de Justicia Cecilia Pérez Rivas, el secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional Anticorrupción, René Fernández, el director general de Prevención y Transparencia de la Senac, Julio Noguera, y el director de la Unidad de Asuntos Internos y Anticorrupción de la cartera de Justicia, Julio Careaga.
<b>Un centenar de sumariados</b>
Datos de la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Justicia dan parte que se han abierto 103 sumarios a funcionarios por diversos hechos de corrupción, así como la descontratación de 80 funcionarios por irregularidades.
Referente a hechos relacionados con introducción de sustancias y elementos prohibidos (bebidas alcohólicas, drogas, armas blancas y aparatos celulares) en los centros penitenciarios y centros educativos del país, se registran 20 funcionarios sumariados, de los cuales 14 recibieron una sanción de 30 días de suspensión, y uno de 20 días sin goce de sueldo, dos se encuentran en proceso de sumario, uno fue destituido y otro se encuentra con sumario suspendido por tener abierta una causa penal. Además, por estos hechos fueron descontratados 15 funcionarios.
Con relación a hechos vinculados con fugas o intento de fugas, salidas de manera irregular o liberación de personas privadas de libertad, se reportan 19 descontratados, 4 destituidos, 10 sancionados con 30 días de suspensión y 3 con 15 días sin goce de sueldo, 17 con sumario suspendido porque cuentan con causas penales, 3 sobreseídos y uno con sumario en proceso.
Finalmente, sobre casos de cohecho pasivo, coacción y extorsión, dos funcionarios fueron sancionados con 30 días de suspensión sin goce de sueldo, y seis tienen sumario suspendido porque cuentan con causas penales. Otros ocho funcionarios fueron descontratados.
Además, se reportan sumarios abiertos por proxenetismo, cobro indebido o irregularidades en rendiciones de cuentas, celdas vip, hurto y relacionamiento de funcionarios penitenciarios con personas privadas de libertad.
Por otro lado, la institución ha presentado denuncia formal en varias ocasiones ante la Secretaría de la Función Pública por el resultado de varios sumarios administrativos, que culminan con la absolución de los acusados pese a las evidencias contundentes.