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El Gobierno de Mario Abdo Benítez y la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), presidida por José Ortiz, fueron duramente cuestionados por empresarios del rubro ante la falta de respuestas concretas que les permitan desarrollar sus actividades amparadas en la Ley N° 1.016/97 “Que establece el régimen jurídico para la explotación de los juegos de azar”.
Para hoy está prevista la reunión entre la comitiva del Grupo de Acción Financiera Latinoamérica (Gafilat) como parte de la efectividad de normas antilavado, vinculada a juegos de azar. El principal inconveniente que denuncian voceros del sector es la imposibilidad de habilitar cuentas corrientes, inclusive en el Banco Nacional de Fomento.
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El titular de la Cámara Paraguaya de Juegos de Azar, Aníbal Salomón, criticó que son las propias autoridades las que les empujan a trabajar “como contrabandistas”, ya que sus importaciones no las pueden realizar cumpliendo normativas legales. “Tenemos una guerra frontal de bancos contra juegos de azar. Han cerrado cuentas corrientes a todas las firmas del rubro”, fustigó. Agregó que esta situación les impide renovar licencia de importación, pues un requisito de Aduanas es contar con referencia bancaria.
“Las autoridades son una máquina de hacer macanas”, lamentó, para añadir que las cuentas bancarias son clave para la trazabilidad del dinero y por ende del control antilavado.
Por su parte, la representante de la Asociación Paraguaya de Empresarios de Juegos de Azar (Apeja), Adriana Gorchs, ironizó diciendo que José Ortiz realiza en la Conajzar “una gestión sin precedentes”. “En doce años que estoy en el rubro nunca vi un presidente de la institución que regula juegos de azar, que legalice modalidades prohibidas por ley y se lo encarga a una empresa privada. Es inaudito”, insistió. La misma se refiere a la “regularización” de tragamonedas explotadas en despensas, bares, bodegas y otros comercios diferentes a salas exclusivas, encargada por el ente con Res. N° 34/2020 a la firma iCrop SA, representada por Ariel Peña.
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Recordó que los empresarios se reunieron con Ortiz y le expresaron preocupación sobre la decisión, ya que se constituye en un descontrol de la explotación y flujo de dinero. “Sólo respondió con evasivas y no visualizamos la gestión necesaria que debería como institución que representa y regula los juegos de azar”, dijo.
Además refirió también sobre la necesidad de operar con bancos. De hecho, fue una de las que acercó inquietudes del sector a la diputada Kattya González, quien impulsó la reunión con la comitiva evaluadora.
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A su vez, Lorena Rojas, vocera de la Asociación Paraguaya de Operadores de Juegos de Azar (Apoja), señaló que las reglas contra el lavado de dinero sólo son cumplidas por unos pocos y que no existen antecedentes de sanciones para aquellas que no cuentan con manuales, con oficial de cumplimiento y notificaciones de operaciones sospechosas. Criticó lo vinculado a tragamonedas al observar que no persigue el lavado de dinero. “No hay control de operadoras ni clientes, ni oficial de cumplimiento de la ley antilavado en narices de las autoridades”, lamentó.
