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La Office of Foreign Assets Control (Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, por sus siglas en inglés) no solo sancionó a Kassem y Khalil Hijazi y a Liz Paola Doldán, sino que incluyó a las empresas con las que se les vincula en una lista de personas bloqueadas y ciudadanos de interés con potencial vínculo a ilícitos. En inglés, el nombre de esa lista es “Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)”.
La empresa sancionada y vinculada con el brasileño detenido Kassem Hijazi es España Informática SA, con sede en Ciudad del Este.
El paraguayo de origen libanés Khalil Hijazi tiene tres empresas que se incluyeron al listado: Apolo Informática, Emprendimientos Inmobiliarios Misiones SA y Mundo Informático Paraguay SA.
Liz Paola Doldán tiene, por su parte, sancionada la empresa con la que se le vincula: Mobile Zone International Import-Export SRL.
De acuerdo al reporte de los EE.UU. publicado por ABC hoy, Kassem Hijazi operaba como “despachante” -persona que trabaja en la zona de la Triple Frontera con conexiones que le permiten acelerar trámites burocráticos para la importación o exportación de bienes y que ha sido vinculada a ilícitos como sobornos, falsificación de facturas, evasión de impuestos y contrabando– al menos desde 2017, controlando una “organización de lavado de dinero” que opera “a una escala global con la capacidad de lavar cientos de millones de dólares”.
Khalil Ahmad Hijazi era asociado de Kassem en sus delitos en su carácter de presidente de la empresa importadora España Informática SA, que permitía al brasileño importar mercancía desde los Estados Unidos hasta Paraguay y mover las ganancias de las ventas de esa mercancía a través de casas de cambio y bancos en Ciudad del Este hacia destinos como EE.UU., China y Hong Kong, dice el reporte.
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A través de esta empresa, Kassem coordina la importación de equipos electrónicos a Paraguay utilizando varios métodos y valiéndose de despachantes para evadir impuestos y lavar dinero, añade el informe.
En el caso de Doldán, la misma fue imputada por el Ministerio Público paraguayo por un notorio caso de contrabando a gran escala de teléfonos celulares a través de su firma Mobile Zone, generando ganancias ilícitas de alrededor de US$ 675 millones importando teléfonos de alta gama, pero identificándolos ante la Aduana paraguaya como productos más baratos para pagar impuestos más bajos por su importación.
El Departamento del Tesoro estadounidense señala a Doldán como una de las socias de Kassem en la Triple Frontera, identificándola como “una intermediaria que trabaja con envíos desde los Estados Unidos” pagando sobornos a trabajadores de Aduanas y despachantes para el procesamiento de sus importaciones.
¿Pero qué implica que estas empresas estén en el listado?
Según el sitio web de la OFAC, la entidad “administra y aplica programas de sanciones económicas principalmente contra países y grupos de personas, como terroristas y narcotraficantes. Las sanciones pueden ser integrales o selectivas, utilizando el bloqueo de activos y restricciones comerciales para lograr los objetivos de política exterior y seguridad nacional (de los EE.UU.)”.
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En líneas generales, estas empresas no pueden operar con los Estados Unidos.
La OFAC explica que “bloquear” implica “congelar”. “Es simplemente una forma de controlar la propiedad objetivo. El título de la propiedad bloqueada sigue siendo de la persona o de la empresa, pero el ejercicio de los poderes y privilegios normalmente asociados con la propiedad está prohibido sin la autorización de la OFAC. El bloqueo impone de inmediato una prohibición generalizada contra transferencias o transacciones de cualquier tipo con respecto a la propiedad”, dice el texto.
En el caso de Kassem Mohamad Hijazi, tuvo casi dos décadas de protección y operaba con impunidad en la zona.
En diciembre de 2020, los fiscales de la Unidad Contra Delitos Económicos y Anticorrupción Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera solicitaron la suspensión condicional del procedimiento para Liz Paola Doldán.
Hoy, el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), René Fernández, afirmó que intervendrán ante la denuncia. Agregó que existe una causa abierta sobre funcionarios que habrían participado en un grupo criminal dedicado al megacontrabando.