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Tras varios días de exhaustiva búsqueda tanto en la sala de evidencias como en las distintas dependencias del juzgado de garantías especializado en Delitos Económicos N° 1, el magistrado Humberto Otazú dio por concluida la tarea e informó que no se pudo dar con el paradero de poco más de 380 cheques ofrecidos por el Ministerio Público como prueba en la causa de Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo.
Auditoría de gestión, en curso
Por otra parte, el titular de la Dirección General de Auditoría de Gestión, Rodolfo Heyn, comentó que el viernes recibieron la orden para la realización de la auditoría y se encuentran designados dos funcionarios para el efecto. Los auditores deberán recabar información sobre los inventarios realizados al momento de la recepción y el traslado de los documentos, así como también de cuando la actuaria Liz Portillo asumió como defensora pública, verificar la cadena de custodia y determinar quiénes son los que tenían acceso a dicho sector, en atención a que la cerradura no ha sido forzada.
Heyn estima que esta semana podría tener la conclusión del trabajo realizado, tras lo cual el mismo será remitido a la Corte Suprema de Justicia, para la adopción de las medidas pertinentes.
El juez Otazú explicó que el pasado 5 de agosto la actuaria remitió el voluminoso expediente, pero tras un control realizado en el juzgado de la presidenta del Tribunal de Sentencia, Elsa García, se constató el faltante de dos sobres con casi 400 cheques que no fueron recibidos por la actuaria.
El 12 de agosto, la actuaria interina de su juzgado Lorena Cabello le informó del extravío de –entonces– unos 300 cheques que debían formar parte de las pruebas instrumentales de la causa, que se encontraban en dos sobres.
El juez Otazú sostuvo que le están “pasando la factura” por haber decretado la prisión preventiva de Ramón y el exsenador cartista Óscar González Daher (ANR, cartista) e hijos (Fernando y Rubén, respectivamente).
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Comentó que los expedientes se encontraban almacenados en una pieza dentro de un sector que fue afectado por una filtración de agua y, por ende, los papeles tuvieron que ser resguardados en otro lugar. Por ese motivo, fuentes judiciales creen que esta situación pudo ser aprovechada para hacer “desaparecer” la evidencia del proceso.